Por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción vigente para el momento en que ocurrieron los hechos

Caracas, 08 de marzo de 2016.- El Ministerio Público apelará la decisión del Tribunal 19° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), pues pese a que se logró el pase a juicio de Manuel Antonio Rosales Guerrero (63), no valoró 24 medios de prueba de los 41 presentados en el escritorio acusatorio que demuestran el delito de enriquecimiento ilícito.
En la audiencia preliminar, la fiscal 5° nacional, Nurbia Arenas, ratificó la acusación contra Rosales Guerrero por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.
En ese sentido, el Tribunal 19° de Control del AMC admitió parcialmente la acusación, ordenó el enjuiciamiento del hombre y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Rosales Guerrero, quien permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.
Es importante mencionar que la referida instancia judicial solo admitió 17 de los 41 medios de prueba, por lo que el Ministerio Público apelará la citada decisión de acuerdo con lo establecido en los artículos 439 y 440 del Código Orgánico Procesal Penal, pues considera que los mismos fueron obtenidos lícitamente, así como son útiles, pertinentes y necesarias.
Conviene recordar que Rosales Guerrero fue imputado el 11 de diciembre de 2008 por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, como parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, luego de una investigación realizada por esa institución entre los años 2002 y 2004 a la declaración jurada de patrimonio del entonces gobernador del estado Zulia.
Dicho informe, remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007, concluyó que Rosales Guerrero registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor.
Posteriormente, fue acusado el 19 marzo de 2009 y en ese mismo escrito, la Fiscalía 11ª nacional solicitó la medida privativa de libertad contra Rosales, basado en la existencia de una presunción de fuga.
El 22 de abril de 2009, el Tribunal 19° de Control del AMC acordó la medida privativa de libertad para Rosales Guerrero, pues era un hecho público que el hombre no asistió a la audiencia preliminar y que había salido del país con destino a Perú.
Luego de varios años de ausencia, el hombre regresó al país el 15 de octubre de 2015, por lo que fue detenido por funcionarios del Sebin en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en el estado Zulia, cuando arribó en un vuelo procedente de Aruba.