Sin embargo, en cada caso el bloqueo adquiere expresiones y modalidades particulares. Para el caso de Venezuela podemos distinguir cuatro: 1) bloqueo a través de decretos extraterritoriales, 2) bloqueo a través de intermediarios, 3) bloqueo mediante agencias de calificación de riesgo y, 4) bloqueo informativo impulsado por las corporaciones mediáticas.
La primera modalidad se formalizó el 9 de marzo de 2015, cuando Barack Obama firmó un decreto ejecutivo que declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”. Literalmente, este decreto dice: “Por medio de la presente, informo que he emitido una Orden Ejecutiva declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela”. Esa orden ejecutiva se ha ido extendiendo en el tiempo y ampliando en sus efectos. En mayo de 2018, Donald Trump, en respuesta a la insolencia chavista de convocar (una vez más) a elecciones, decretó sanciones del Departamento del Tesoro para prohibir la compra, por parte de ciudadanos estadounidenses, de cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar. Estas sanciones incluyen al Banco Central y a la estatal petrolera PDVSA. Al día de hoy, Venezuela no puede hacer uso del Dólar como moneda internacional, ni puede negociar ninguna transacción internacional a través de dicha divisa. Esto implica la imposibilidad de negociar la deuda externa, ya que la mayoría de los contratos de deuda pertenecen a jurisdicción estadounidense.
En esa línea, gran parte del sistema financiero internacional ha venido propiciando, en los últimos años, un esquema de bloqueo hacia las operaciones financieras de Venezuela. Se han sucedido cancelaciones unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria del Citibank, Comerzbank, Deutsche Bank, etc. Desde julio de 2017, el agente de pago de los bonos emitidos por PDVSA, Delaware, informó que su banco corresponsal (PNC Bank) en Estados Unidos se negaba a recibir fondos provenientes de la estatal petrolera.
La segunda forma, el bloqueo mediante intermediarios, es una expresión propia de estos tiempos. El objetivo es evitar que cualquier intermediario que realiza transacciones con Venezuela las lleve a cabo, impidiendo toda interacción y relacionamiento de Venezuela con empresas de los Estados Unidos. Y no sólo de allí: el Novo Banco (Portugal) notificó en agosto de 2017 la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con instituciones públicas venezolanas por bloqueo de intermediarios. Se impide, así, que los intermediarios de pago actúen, bloqueando cualquier acción de pago. Esta modalidad ha tenido consecuencias humanitarias en tanto se han visto afectadas, por ejemplo, las compras de medicamentos y de alimentos.
En 2017, 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegaron al país porque el Citibank boicoteó la compra de este insumo. El banco estadounidense se negó a recibir los fondos que Venezuela estaba depositando para pagar la importación de este inmenso cargamento, necesario para los pacientes con diabetes. En consecuencia, la insulina quedó paralizada en un puerto internacional, a pesar de que existían los recursos para adquirir el medicamento. A eso se suma que el laboratorio colombiano BSN Medical impidió la llegada de un cargamento de Primaquina, medicina usada para tratar la malaria. Un total de 23 operaciones en el sistema financiero internacional fueron devueltas (entre ellas 39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos). Finalmente, desde noviembre del año pasado, 1.650 millones de dólares de Venezuela destinados a la compra de alimentos y medicinas están secuestrados por parte de la empresa de servicios financieros Euroclear, en cumplimiento de las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El bloqueo de intermediarios no sólo apunta a las operaciones financieras. También afecta la movilidad de los venezolanos en los más diversos ámbitos. Desde 2014 se han ido de Venezuela Air Canada, Tiara Air, Alitalia, Gol, Lufthansa, Latam Airlines Aero México, United Airlines, Avianca, Delta Airlines, Aerolíneas Argentinas, etc. Es cada vez mas difícil llegar por aire a Venezuela.
También las agencias de viaje se unen al cerco. Por ejemplo: 15 boxeadores venezolanos no pudieron presentarse al evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (CAC), debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las agencias, las cuales pusieron varias limitaciones, entre ellas, el precio del pasaje: éste pasó de 300 a 2.100 dólares por persona al enterarse la empresa que se trataba del traslado de la Federación Venezolana de Boxeo. Cuando, luego, un privado ofreció un vuelo chárter para trasladar al equipo, Colombia y Panamá no autorizaron el uso de sus espacios aéreos, por lo que México también decidió negarse a ceder su espacio para el vuelo. Antes había ocurrido una situación similar con la selección femenina de voleibol. Este año, Guatemala negó visados a la selección de rugby venezolana para participar en el Sudamericano 4 Naciones B y, también, a la selección nacional de lucha para el Campeonato Panamericano.
También se bloquea las expresiones culturales: a principios de año, el banco italiano Intensa Sanpaolo bloqueó los recursos para la participación del pabellón de Venezuela en la XVI Bienal de Arquitectura de Venecia. Como un “crimen cultural” lo calificó el Ministro Ernesto Villegas quien logró, tras arduas gestiones y denuncias, romper ese cerco.
Y no sólo vemos trabas para que manifestaciones culturales y deportivas venezolanas salgan al exterior y representen a sus país, puesto que el boicot también opera a la inversa: artistas y deportistas de otros países se niegan a ir a Venezuela y, con desparpajo, hablan acerca del Gobierno venezolano y del chavismo. Tal vez Miguel Bosé y Jaime Bayly son los ejemplos más esperpénticos en ese sentido. Este boicot cultural y deportivo es muy efectivo a la hora de incidir en la opinión pública mundial y una poderosa herramienta para la construcción de un sentido común negativo hacia Venezuela, debido a la popularidad de quienes como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Kevin Spacey, Gloria Stefan o Francisco Cervelli (receptor de los Pittsburg Pirates) diseminan propaganda negativa, en un contexto de bloqueo multidimensional.
La tercera modalidad se expresa a través de la arbitraria e injusta calificación de riesgo que hacen las agencias. El riesgo país (RP) otorgado por las agencias de calificación es improcedente si observamos el cumplimiento de Venezuela con el pago de la deuda externa. En los últimos 4 años la República ha honrado sus compromisos de pago por un total de 73.359 millones de dólares. No obstante, el RP ha seguido subiendo. Como denuncia el economista Alfredo Serrano, “van 32 meses en los últimos 14 años en los que el RP contra Venezuela ha subido, a pesar del incremento del precio del petróleo. En la actualidad, el RP, dado por JP Morgan (EMBI +), se encuentra en 4.820 puntos, es decir, 38 veces más de lo que le asignan a Chile, aun cuando este país tiene una ratio de deuda/PIB similar al venezolano. Todo esto encarece y prácticamente impide cualquier posibilidad de obtención de créditos”.
Estos tres bloqueos están teñidos de cinismo y paradojas: mientras que, por un lado, la prensa mundial denuncia ‘hambruna y crisis humanitaria’ en Venezuela, por otro, en acción coordinada, países e instituciones proestadounidenses bloquean el ingreso de medicamentos y alimentos al país. Mientras el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea muestran consternación por la emigración venezolana, las lineas aéreas de esos mismos países abandonan el territorio. Y, en tanto se cumplen los compromisos de pago, aumenta el riesgo país.
Es una absurda inversión de la realidad. Sin embargo, por muy absurda que sea se sostiene ideológicamente gracias a la cuarta modalidad de bloqueo: el mediático. Este bloqueo también es muy paradojal pues Venezuela es el país del que más hablan los medios de las corporaciones internacionales. Se trata, pues, de un ‘bloqueo ruidoso’, diferente, por ejemplo, al bloqueo silencioso que hay respecto de Guantánamo, de las masacres en Yemen y Palestina o de los constantes asesinatos de periodistas en México. Por el contrario, con Venezuela hay profusión informativa, continuidad de agenda escandalera y festín verborrágico .
Efectivamente, durante el 2017, sobre una muestra de 90 medios estadounidenses, se contabilizaron 3.880 noticias negativas sobre Venezuela, es decir, una media de 11 diarias, encabezadas por Bloomberg y el Miami Herald. En cuanto a las agencias, Reuters y AFP juntas reúnen el 91% de las noticias negativas. A su vez, el diario El País de España mencionó a Venezuela en ¡249! de las 365 ediciones del 2017, casi a diario y siempre negativamente. Y si eso parece una exageración, falta el adjetivo adecuado para calificar lo de la cadena alemana Deutsche Welle (DW): ésta publicó 630 noticias sobre el presidente Maduro…¡casi 2 diarias! Para el caso de la prensa latinoamericana son los medios de México, Colombia y Chile (es decir, los principales integrantes de la Alianza del Pacífico), los que más y con menor rigor periodístico informan: 4.200 noticias negativas aparecieron en México el 2017, 3.188 en Colombia y 3.133 en Chile.
¡Ninguna mencionó el bloqueo!
El cerco mediático opera generando inmenso ruido y, a la vez, invisibilizando tanto al bloqueo como al pueblo chavista. Ambos no existen en los medios de las corporaciones y, al no existir ambos, la opinión pública mundial, que mayoritariamente accede a información sobre Venezuela a través de la agenda informativa hegemónica, es proclive a formarse una visión sesgada de la realidad.
Esa es la fórmula del bloqueo actual, impulsado a modo de política exterior por los Estados Unidos contra los países periféricos que, como Venezuela, buscan construir con soberanía sus propios caminos. Podemos ver una continuidad con los casos de Cuba y Chile durante el siglo 20, pero también vemos rasgos característicos del siglo 21 y de esta etapa del imperialismo.
EL EXPERIMENTO DE MILTON FRIEDMAN
Entre las medidas estaban reducir el gasto público con el despido de un 30 % de empleados estatales, aumentar el valor del impuesto al valor agregado (IVA), privatizaron las empresas del estado, privatizaron los bancos, retiraron los subsidios sociales, reducieron las jubilaciones, devaluaron la moneda, frenaron la inversión en salud y educación volviéndola elitista y reducieron de manera drástica los salarios.
Por Pedro Santander
Tomado de Chile Oculto/24/03/19
