Óptica Socialista
Opinión
La
oposición venezolana ha enseñado por fin sus cartas. Luego de años de críticas
vacías, le llegó la hora de proponer debido a su mayoría en la Asamblea. Y lo
ha hecho sin dejar lugar a dudas. Su proyecto de ley, denominado Activación y
Fortalecimiento de la Producción Nacional, presentado el 18 de Febrero del año
2016, presenta una propuesta del pasado frente a los desafíos futuros. La
salida neoliberal, la de hace décadas, vuelve estar encima de la mesa debido a
una oposición que sigue atrapada por su pretérito sin saber cómo afrontar la
actual situación de emergencia económica que vive el país.
Este
proyecto de ley consta de tres ejes fundamentales: I) la autorización y
liquidación de divisas, II) la protección y garantía de la propiedad privada; y
III) el sistema de fijación de precios. Vamos por partes, uno a uno, para
desgranar en detalle lo que hay tras eufemismos y subterfugios jurídicos y
económicos.
I.
En relación a la autorización y liquidación de divisas,
En
relación a las divisas, lo más criticable del texto es la excesiva preocupación
que se muestra por las transnacionales. Se persigue una política cambiaria que
únicamente proteja a las grandes transnacionales para que puedan seguir
lucrándose de las divisas del país.
Solo
se desea garantizar y reconocer una deuda a favor del sector privado sin
realizar ni siquiera un inventario riguroso de lo que fue realizado con las
divisas recibidas a lo largo de los últimos años, en qué se gasto, a qué se
dedicó, si se trajeron las mercancías comprometidas, a los precios reales, etc.
El
proyecto de ley presta especial atención a “las divisas otorgadas pero no
liquidadas por parte del Estado venezolano”. Frente a ello, la ley plantea que
el Estado venezolano asuma la deuda del sector privado con los proveedores
internacionales.
En
ningún momento, se hace referencia a la necesidad de auditar esa deuda; a la
oposición venezolana no le interesa saber cómo el sector privado ha utilizado
las dólares que fueron entregados por la República en los últimos años; no les
preocupa si los dólares realmente fueron destinados a importar las cantidades
fijadas por contrato, por ley.
En
absoluto, el proyecto de ley no trata tampoco de esclarecer qué ha pasado con
el sector privado improductivo del país que ha malgastado las divisas recibidas
para importar materia primas e insumos productivos con el objetivo de producir.
N
El
proyecto de ley no dice absolutamente nada sobre un problema de índole mundial:
los precios de transferencias. La ley no se ocupa de investigar cuáles son los
sobreprecios a los que se ha facturado en los últimos años. La sobrefacturación
es un problema global usado como mecanismo para fugar divisas: al proyecto de
ley no le importa.
Es
más, la ley tampoco propone un trato a favor de la verdadera empresa productiva
con compromisos de pagos; no discrimina a favor de la empresa nacional
productiva. Únicamente quiere defender a las grandes transnacionales para que
cobren una deuda que ya han cobrado sobradamente en el pasado abusando de los
dólares recibidos del país.
El
proyecto de ley no tiene ninguna intención en auditar realmente lo que ha
pasado con los dólares entregados a las grandes transnacionales.
El
proyecto de ley propone la extensión automática de los Certificados de No
producción (CNP) y Certificado de Producción Insuficiente (CPI) por 12 meses y
simplificación para las Autorización de Asignación de Divisas (AAD) a través de
la presentación de dos copias a Cencoex del CNP. Dicho en palabras sencillas,
se pretende que la política de asignación de divisas sea igual sin considerar
que existe un escenario de emergencia económica por la caída de los precios del
petróleo; tampoco se tiene en cuenta que se abre una nueva etapa en la que las
divisas se entregarán para producir y no por demostrar que no se puede producir
(vía CNP).
Es
decir, el proyecto de ley no quiere fomentar la producción; prefiero continuar
con la lógica de pedir divisas justificando la no producción. Es más, es
contrario al espíritu de lo aprobado a finales del año pasado en relación al
cambio de paradigma para la asignación de divisas. Los Certificados de
Producción son la nueva herramienta para obtener divisas para importar los insumos
necesarios siempre y cunado se demuestre que se puede alcanzar una cuota
obligatoria de producción.
En
este punto, no hay ningún interés por fomentar la producción; deberían de
llamarla una ley a favor de la transnacional improductiva.
II.
En relación a la protección y garantía de la propiedad privada
Nuevamente,
la oposición venezolana hace hincapié en un eufemismo muy utilizado
habitualmente por el neoliberalismo. Se centra toda la atención en el término
de seguridad jurídica a favor de la propiedad privada, sin mencionar
absolutamente nada acerca de la seguridad jurídica a favor del pueblo, de sus
derechos sociales, de la soberanía.
Se
establece que la Asamblea Nacional creará una Comisión Especial que llevará a
cabo una investigación en las empresas, que han sido objeto de alguna medida de
“privación de la propiedad” por parte del Estado. Según el proyecto de ley, la
Comisión evaluará diferentes aspectos, y en el caso que estas empresas hayan
decrecido sus niveles de producción con respecto de aquel con el cual contaba
doce meses previos al momento en que se adoptó la medida, se le ordenará al
Ejecutivo que otorgue a un tercero el derecho de gestionar el mismo.
Sin
embargo, el proyecto de ley no especifica cómo se designará a este tercero ni
por cuánto tiempo le será otorgado este derecho. Es decir, se prefiere evitar
hablar directamente de privatización. Esconden así la verdadera intención de
este proyecto de ley. Realizar una restauración privatizadora en los sectores
estratégicos.
No
existe criterio económico alguno para justificar lo que propone la ley. Cada
año es diferente; cada año depende de múltiples circunstancias internas y
externas; no hay una única verdad para comparar el resultado productivo de un
año con otro; suele haber múltiples variables que van más allá de si el
propietario es privado o público.
Es
más, el proyecto de ley no pretende encontrar las soluciones para las empresas
públicas que tengan niveles bajos de producción; no plantea ni siquiera las
alianzas con sectores para reactivar la producción; únicamente plantean la
vieja salida neoliberal de volver al mito de las privatizaciones que dejó a
tantas victimas en el pasado.
También
se expone que, al término de este lapso por el cual se otorgó el derecho de
gestión al tercero, se dará la posibilidad al interesado de adquirir el derecho
de la propiedad, una vez se haya resuelto el tema jurídico con la persona que
ostentaba la propiedad antes de la asunción del Estado. Es decir, vieja receta
privatizadora.
En
términos generales, el proyecto de ley busca realmente expropiar la riqueza que
le fue devuelta al pueblo. En ningún caso se adentra en la cuestión productiva.
Cree que el debate productivo es una cuestión de cambio de propiedad: como
siempre, el neoliberalismo procurando hacer magia económica a sabiendas que ya
fracasó en el pasado.
III.
En relación al sistema de fijación de precios
Se
hace referencia, en los artículo 13 y 14, en otorgar la concesión, a los
productores de bienes y servicios, sobre la fijación de los precios cada dos
(2) meses, sin la previa autorización de la Superintendencia para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE, en lo sucesivo), eliminando así una de
las atribuciones principales de esta institución.
El
procedimiento para la fijación de los precios plantea la posibilidad de que los
productores emitan una comunicación para justificar el incremento de los
precios cada dos (2) meses, dirigida a la institución una vez presentada la
estructura de costos y el precio, de acuerdo con la norma para su posterior
evaluación por parte de la SUNDDE.
Nuevamente,
el proyecto de ley pretende privatizar hasta las competencias constitucionales
que tiene el Estado en materia de la política de precios. Se pretende dar el
monopolio de fijación de precios a las grandes empresas en el país sin tener
que rendir cuenta ni someterse a ningún control por parte del poder público y
ciudadano.
Es
decir, el proyecto pretende llevarnos a la era de la mano invisible que acaba
siendo el gran fijador de precio gracias al poder de mercado de unos pocos en
detrimento de las mayorías.
El
objetivo final es dejar que cada uno pueda marcar el precio que quiera para
cualquier bien, aunque éste sea prioritario para el pueblo venezolano,
aplicándole la tasa de ganancia que desee el empresario.
Se
procura además que sea el propio empresario quien únicamente en forma
declarativa informe cuál es la estructura de coste, sea o no verdad, sea o no
sobreestimada. No se establece ningún protocolo al respecto.
El
proyecto de ley procura eliminar los límites al sistema de ganancias fijado para
las actividades económicas del 30% en Venezuela. Recuérdese que este valor es
ya mucho más elevado en comparación con países desarrollados donde generalmente
oscila entre el 5-20%[1].
En
el documento se evidencia la disminución de atribuciones y competencias de la
SUNDDE, haciendo énfasis en la fijación del precio de los bienes y servicios
que se comercializan en el territorio nacional.
De
hecho, en este apartado apenas se comenta nada acerca del tema productivo.
Dos
asuntos económicos adicionales
El
proyecto propone además la disminución especial, por cuatro años prorrogables,
del ISLR por el treinta por ciento (30%) del monto de las nuevas
inversiones[2] realizadas por personas naturales o jurídicas, que aumenten
la producción o la capacidad productiva nacional. En esta propuesta, se propone
un gran sacrificio recaudatorio para el Estado que no sería compensado de
ninguna otra forma. Si realmente este proyecto de ley quisiera velar por la
producción nacional propondría “pechar” más tributariamente a los grandes
patrimonios ociosos-especulativos del país; o buscar mecanismos de créditos
tributarios a favor de las empresas productivas. Pero nada de eso es así. La
ley busca únicamente que las grandes empresas continúen teniendo mecanismos de
elusión fiscal, reduciendo la recaudación en este momento de emergencia
económica sin realmente generar incentivos específicos en el ámbito productivo.
El
proyecto también propone retener hasta el 100% de los ingresos que perciban en
divisas, en razón de las exportaciones realizadas, siempre y cuanto tales
ingresos, se dirijan únicamente a la compra de materias primas, insumos,
repuestos, maquinaria u otros elementos vinculados al proceso de producción y,
en general, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad
productora y exportadora. De esta forma la ley expropia al Estado la
posibilidad de quedarse con una parte de los dólares fruto de la exportación,
para dedicarlos al nuevo modelo productivo (se violaría lo aprobado actualmente
como incentivo para la exportación de 60-40 a favor del privado).
Si
esto fuera así, lo que se quiere es un modelo donde únicamente muy pocas
empresas puedan exportar sin dejar que otras pequeñas y medianas empresas
puedan participar. Es la visión neoliberal: que cada uno se quede con lo que
tiene, sin dar oportunidades a otras.
Si
el Estado no pudiera quedarse con nada, entonces, no podría llevar a cabo una
política de redistribución de las divisas obtenidas gracias a la nueva política
de exportación a favor de un proyecto de país en el que cada vez deben haber
mas nuevos actores.
Este
proyecto de ley es anti pequeña y mediana empresa, porque no le quiere dejar
posibilidad de exportar.
[1] Véase
El Capital en el Siglo XXI de Thomas Piketty.
[2] Deduciendo
del costo de los nuevos activos fijos incorporados a la producción de la renta,
los retiros, las amortizaciones y las depreciaciones hechas en el ejercicio
anual sobre tales activos.
Este
es un trabajo realizado coordinadamente con la Unidad de Análisis Económico de
BANDES (Venezuela).
Enlace de la noticia:
http://www.telesurtv.net/bloggers/Critica-a-la-restauracion-privatizadora-de-la-Oposicion-Venezolana-20160313-0001.html.
Enlace de la noticia:
http://www.telesurtv.net/bloggers/Critica-a-la-restauracion-privatizadora-de-la-Oposicion-Venezolana-20160313-0001.html.
Fuente: www.teleSURtv.net/13/03/16
Compilador. William Castillo Pérez
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