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Óptica Socialista
Noticias nacionales
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Caracas, 03 Dic. AVN.- Hace 13 años la
derecha apostó por la destrucción de la industria petrolera y la quiebra
del país para derrocar por la vía de un golpe económico al gobierno del
comandante Hugo Chávez. El plan conspirativo para frenar el avance de la Revolución Bolivariana se mantuvo por 63 días y fue derrotado en febrero de 2003.
Desabastecer el mercado interno de combustible y gas, paralizar la exportación de crudo, generar desabastecimiento de alimentos y bloquear las cuentas de la empresa, para provocar un estallido social y la quiebra del Estado, eran los pasos de este sabotaje contra Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), que se inició como un "paro cívico" el 2 de diciembre. Habían pasado apenas siete meses desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, orquestado por las cúpulas empresariales, partidos de oposición aglutinados en la extinta Coordinadora Democrática (hoy autollamada Mesa de la Unidad) el sindicalismo tradicional y dueños de empresas de comunicación.
Esos mismos actores, que en la actualidad mantienen una guerra económica contra el pueblo venezolano, impulsaron un boicot marítimo y aéreo, financiero y tecnológico, que paralizó las actividades en los puertos, donde tanqueros de la flota petrolera fueron secuestrados por los golpistas.
"Nos atacaron refinerías, centros de distribución, de llenado, las líneas de transporte para distribuir el combustible, todo eso lo sabotearon, llegaron hasta dañar las gandolas. Luego los barcos los pararon en el Caribe y nos hicieron un autobloqueo; ellos estaban convencidos, pero otra vez se equivocaron", recordó el comandante Chávez durante el Aló, Presidente 138, transmitido el 9 de febrero de 2003, desde la Refinería El Palito, en el estado Carabobo.
El propósito era revocar todos los avances impulsados por la revolución en materia petrolera como la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada vía Habilitante en noviembre de 2011. Esa Ley estableció que las regalías petroleras que deben pagar las empresas transnacionales pasaran de 1% a 33,3%, el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en actividades petroleras se incrementó de 34% a 50%, se implementó un impuesto de extracción de 33,33%; y se garantizó una participación de Pdvsa de al menos 60% en los proyectos y empresas mixtas.
Estas medidas revirtieron la llamada "apertura petrolera" iniciada por los gobiernos neoliberales de la década de 1990, y que significaba entregar la industria petrolera a compañías transnacionales, y así debilitar la soberanía nacional sobre el crudo, aumentar los volúmenes de producción y disminuir los ingresos fiscales, para justificar una gradual privatización.
Pérdidas para la nación
Informes de Pdvsa reflejan que, como resultado del sabotaje petrolero, se registró una contracción en el Producto Interno Bruto (PIB) de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9% durante el primer trimestre de 2003, mientras la caída del PIB petrolero fue de 25,9% y 39,3%, respectivamente. Las pérdidas por ventas no realizadas alcanzaron más de 14.430 millones de dólares, lo que motivó una disminución de 9.998 millones de dólares en la capacidad contributiva de la empresa y sus filiales al fisco nacional.
Asimismo, la falta de suministro afectó a las empresas básicas de Guayana y se produjo la caída abrupta de las reservas internacionales en divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, hubo una caída de los depósitos bancarios de 8%, un aumento de 4,5 puntos porcentuales en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de 4,1 puntos porcentuales.
El economista Andrés Giuseppe, presidente de la Asociación Civil Víctimas del Paro (Videlpa), indicó en una entrevista al Correo del Orinoco que también se registraron otros costos "no materiales, los intangibles, que son los daños morales y de violación de los derechos humanos, no cuantificables, pero que parte de la población padeció, incluyendo muertes, lesiones por quemaduras ocasionadas, despidos laborales, pérdidas de clases, amedrentamientos a comercios que no querían sumarse al paro".
Pese a los ataques contra Pdvsa, que tuvieron su máxima expresión en el sabotaje criminal de 2002-2003, y gracias a las políticas desarrolladas por la Revolución Bolivariana, la industria petrolera ha experimentado un proceso de transformación que le ha permitido continuar la exploración, explotación y comercialización de crudo, y contribuir al desarrollo social de la nación con más de 490.000 millones de dólares entre 2001 y 2014.
Sin embargo, la derecha nacional e internacional que se propone detener el proceso socialista y apoderarse de los recursos energéticos del país, continúa arremetiendo contra el pueblo y el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, a través de un sabotaje frontal contra la economía del país, que tiene el mismo objetivo que el golpe petrolero de 2002-2003.
Desabastecer el mercado interno de combustible y gas, paralizar la exportación de crudo, generar desabastecimiento de alimentos y bloquear las cuentas de la empresa, para provocar un estallido social y la quiebra del Estado, eran los pasos de este sabotaje contra Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), que se inició como un "paro cívico" el 2 de diciembre. Habían pasado apenas siete meses desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, orquestado por las cúpulas empresariales, partidos de oposición aglutinados en la extinta Coordinadora Democrática (hoy autollamada Mesa de la Unidad) el sindicalismo tradicional y dueños de empresas de comunicación.
Esos mismos actores, que en la actualidad mantienen una guerra económica contra el pueblo venezolano, impulsaron un boicot marítimo y aéreo, financiero y tecnológico, que paralizó las actividades en los puertos, donde tanqueros de la flota petrolera fueron secuestrados por los golpistas.
"Nos atacaron refinerías, centros de distribución, de llenado, las líneas de transporte para distribuir el combustible, todo eso lo sabotearon, llegaron hasta dañar las gandolas. Luego los barcos los pararon en el Caribe y nos hicieron un autobloqueo; ellos estaban convencidos, pero otra vez se equivocaron", recordó el comandante Chávez durante el Aló, Presidente 138, transmitido el 9 de febrero de 2003, desde la Refinería El Palito, en el estado Carabobo.
El propósito era revocar todos los avances impulsados por la revolución en materia petrolera como la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada vía Habilitante en noviembre de 2011. Esa Ley estableció que las regalías petroleras que deben pagar las empresas transnacionales pasaran de 1% a 33,3%, el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en actividades petroleras se incrementó de 34% a 50%, se implementó un impuesto de extracción de 33,33%; y se garantizó una participación de Pdvsa de al menos 60% en los proyectos y empresas mixtas.
Estas medidas revirtieron la llamada "apertura petrolera" iniciada por los gobiernos neoliberales de la década de 1990, y que significaba entregar la industria petrolera a compañías transnacionales, y así debilitar la soberanía nacional sobre el crudo, aumentar los volúmenes de producción y disminuir los ingresos fiscales, para justificar una gradual privatización.
Pérdidas para la nación
Informes de Pdvsa reflejan que, como resultado del sabotaje petrolero, se registró una contracción en el Producto Interno Bruto (PIB) de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9% durante el primer trimestre de 2003, mientras la caída del PIB petrolero fue de 25,9% y 39,3%, respectivamente. Las pérdidas por ventas no realizadas alcanzaron más de 14.430 millones de dólares, lo que motivó una disminución de 9.998 millones de dólares en la capacidad contributiva de la empresa y sus filiales al fisco nacional.
Asimismo, la falta de suministro afectó a las empresas básicas de Guayana y se produjo la caída abrupta de las reservas internacionales en divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, hubo una caída de los depósitos bancarios de 8%, un aumento de 4,5 puntos porcentuales en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de 4,1 puntos porcentuales.
El economista Andrés Giuseppe, presidente de la Asociación Civil Víctimas del Paro (Videlpa), indicó en una entrevista al Correo del Orinoco que también se registraron otros costos "no materiales, los intangibles, que son los daños morales y de violación de los derechos humanos, no cuantificables, pero que parte de la población padeció, incluyendo muertes, lesiones por quemaduras ocasionadas, despidos laborales, pérdidas de clases, amedrentamientos a comercios que no querían sumarse al paro".
Pese a los ataques contra Pdvsa, que tuvieron su máxima expresión en el sabotaje criminal de 2002-2003, y gracias a las políticas desarrolladas por la Revolución Bolivariana, la industria petrolera ha experimentado un proceso de transformación que le ha permitido continuar la exploración, explotación y comercialización de crudo, y contribuir al desarrollo social de la nación con más de 490.000 millones de dólares entre 2001 y 2014.
Sin embargo, la derecha nacional e internacional que se propone detener el proceso socialista y apoderarse de los recursos energéticos del país, continúa arremetiendo contra el pueblo y el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, a través de un sabotaje frontal contra la economía del país, que tiene el mismo objetivo que el golpe petrolero de 2002-2003.
Leonardo Buitrago
AVN
03/12/2015 12:34
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