Óptica Socialista
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Valencia, 10 Jun. AVN.- Este martes profesores de la Universidad de Carabobo señalaron al secretario de esa casa de estudios, Pablo Aure, de promover la creación de bandas armadas dentro del campus universitario, amparadas por el principio de la "automonía universitaria".
En rueda de prensa, Los docentes, en vocería del profesor José Ángel Raga, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a investigar, hasta las últimas consecuencias, el accionar de Pablo Aure, así como sus grupos armados.
Aure usa las instalaciones de la universidad como "dormitorio" para evadir presentarse ante la autoridades judiciales por su presunta vinculación con los focos de violencia (guarimbas) en esa entidad, generadas entre febrero y abril pasado.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia acudieron a la Universidad a entregarle la citación judicial a Aure, quien presentó el hecho como una "persecución política" y como una supuesta violación de la autonomía universitaria.
"Pablo Aure inventó todo, dijo que habían allanado el recinto universitario, cuando nosotros sabemos a lo interno que eso no pasó. Indudablemente, fue un cuerpo de seguridad del Estado, el Sebin, a las instalaciones del Rectorado a entregarle al Secretario de la Universidad de Carabobo una comunicación para que fuese a la Fiscalía del Ministerio Público", explicó Raga.
Los docentes de la UC, situada en la región central de Venezuela, señalaron que las autoridades rectorales de la UC han estado "en los últimos años de espalda al país, en su afán de tratar de desconocer el gobierno que el pueblo democráticamente viene eligiendo durante 18 elecciones", indicó en día pasados el profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, Miguel Pineda.
Los profesores se pronunciaron este lunes, luego que el viernes pasado las autoridades rectorales acordaron elevar ante el resto de las universidades autónomas del país, la petición de solicitar la renuncia del Presidente de la República y la libertad de los involucrados en hechos violentos registradas en el país que han causado muertes y destrucción de bienes públicos y privados.
No es la primera vez que las autoridades rectorales de la UC impulsan una agenda de desestabilización y en contra de la Constitución Nacional.
Desde el pasado 12 de febrero, las autoridades rectorales de la UC mantuvieron sin clases a más de 60.000 estudiantes de esa casa de estudios. Después de 32 días sin actividades, el lunes 31 de marzo, los rectores reanudaron las clases pero de forma condicionada: los profesores no podían hacer evaluaciones ni pasar asistencia.
La decisión del paro fue tomada en su momento por las autoridades rectorales "en solidaridad con las voces que se levantan todos los días legítimamente para reclamar sus derechos constitucionales", según declaró el pasado 20 de febrero a la prensa regional la rectora de esa casa de estudios, Jessy Divo.
Las "voces que se levantan todos los días", como lo explicó la rectora Divo, eran las guarimbas convertidas en reductos violentos, que le sirvieron a la ultraderecha como escenarios de vandalismo, acciones fascistas y asesinatos.
La violencia desatada por estos reductos cobraron la vida de más 40 personas, cuyos ataques incluyeron desde colocar guayas para degollar motorizados, quemar parques nacionales, envenenar embalses de agua, quemar consultorios médicos con galenos adentro, hasta dar tiros de gracia a quienes intentaron liberar vías bloqueadas.
En rueda de prensa, Los docentes, en vocería del profesor José Ángel Raga, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a investigar, hasta las últimas consecuencias, el accionar de Pablo Aure, así como sus grupos armados.
Aure usa las instalaciones de la universidad como "dormitorio" para evadir presentarse ante la autoridades judiciales por su presunta vinculación con los focos de violencia (guarimbas) en esa entidad, generadas entre febrero y abril pasado.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia acudieron a la Universidad a entregarle la citación judicial a Aure, quien presentó el hecho como una "persecución política" y como una supuesta violación de la autonomía universitaria.
"Pablo Aure inventó todo, dijo que habían allanado el recinto universitario, cuando nosotros sabemos a lo interno que eso no pasó. Indudablemente, fue un cuerpo de seguridad del Estado, el Sebin, a las instalaciones del Rectorado a entregarle al Secretario de la Universidad de Carabobo una comunicación para que fuese a la Fiscalía del Ministerio Público", explicó Raga.
Los docentes de la UC, situada en la región central de Venezuela, señalaron que las autoridades rectorales de la UC han estado "en los últimos años de espalda al país, en su afán de tratar de desconocer el gobierno que el pueblo democráticamente viene eligiendo durante 18 elecciones", indicó en día pasados el profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, Miguel Pineda.
Los profesores se pronunciaron este lunes, luego que el viernes pasado las autoridades rectorales acordaron elevar ante el resto de las universidades autónomas del país, la petición de solicitar la renuncia del Presidente de la República y la libertad de los involucrados en hechos violentos registradas en el país que han causado muertes y destrucción de bienes públicos y privados.
No es la primera vez que las autoridades rectorales de la UC impulsan una agenda de desestabilización y en contra de la Constitución Nacional.
Desde el pasado 12 de febrero, las autoridades rectorales de la UC mantuvieron sin clases a más de 60.000 estudiantes de esa casa de estudios. Después de 32 días sin actividades, el lunes 31 de marzo, los rectores reanudaron las clases pero de forma condicionada: los profesores no podían hacer evaluaciones ni pasar asistencia.
La decisión del paro fue tomada en su momento por las autoridades rectorales "en solidaridad con las voces que se levantan todos los días legítimamente para reclamar sus derechos constitucionales", según declaró el pasado 20 de febrero a la prensa regional la rectora de esa casa de estudios, Jessy Divo.
Las "voces que se levantan todos los días", como lo explicó la rectora Divo, eran las guarimbas convertidas en reductos violentos, que le sirvieron a la ultraderecha como escenarios de vandalismo, acciones fascistas y asesinatos.
La violencia desatada por estos reductos cobraron la vida de más 40 personas, cuyos ataques incluyeron desde colocar guayas para degollar motorizados, quemar parques nacionales, envenenar embalses de agua, quemar consultorios médicos con galenos adentro, hasta dar tiros de gracia a quienes intentaron liberar vías bloqueadas.
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