Óptica Socialista
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Caracas, 25 Jun. AVN.- El Ministerio Público imputó este miércoles 25 de junio al exdiputado de Primero Justicia (PJ), Richard Mardo, por estar presuntamente incurso en los delitos de defraudación tributaria, legitimación de capitales y ocultamiento de datos que debe contener la declaración jurada de patrimonio.
Durante los años 2009 y 2011, Mardo habría recibido y cobrado cheques de personas naturales y representantes de empresas de las que se desconoce las actividades que realizan, informó el boletín de prensa del Ministerio Público (MP).
El fiscal 10 nacional, Richard Monasterio Marrero, fue el encargado imputar al derechista, quien de esta manera adquiere los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo establecido en el Código Procesal Penal, que le permite solicitar y evacuar pruebas y diligencias.
Los delitos por los que se imputó al exparlamentario a la Asamblea Nacional están previstos en el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de comisión de los hechos, y Ley Contra la Corrupción, respectivamente.
Conviene recordar que el 25 de junio de 2013, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el enjuiciamiento ordinario del diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua.
En el mes de febrero de ese mismo año, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó pruebas que involucran a integrantes del partido Primero Justicia (PJ), entre ellos a Richard Mardo, en presuntos actos de corrupción en el manejo de fondos no declarados.
Cabello mostró pruebas que evidencian cómo Richard Mardo, excandidato a la gobernación de Aragua y dirigente de PJ, recibió cheques por hasta 600 mil bolívares.
En su exposición ante la máxima instancia judicial del país, Ortega Díaz indicó que los dineros recibidos por Mardo no fueron declarados al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, incluso en sus declaraciones al Fisco no aparecen reflejados esos montos.
Posteriormente, en fecha 16 de julio de 2013, el Máximo Tribunal del país acordó la solicitud planteada por la Fiscal General y remitió las actuaciones al Poder Legislativo que, finalmente, despojó a Mardo de su inmunidad parlamentaria.
Durante los años 2009 y 2011, Mardo habría recibido y cobrado cheques de personas naturales y representantes de empresas de las que se desconoce las actividades que realizan, informó el boletín de prensa del Ministerio Público (MP).
El fiscal 10 nacional, Richard Monasterio Marrero, fue el encargado imputar al derechista, quien de esta manera adquiere los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo establecido en el Código Procesal Penal, que le permite solicitar y evacuar pruebas y diligencias.
Los delitos por los que se imputó al exparlamentario a la Asamblea Nacional están previstos en el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de comisión de los hechos, y Ley Contra la Corrupción, respectivamente.
Conviene recordar que el 25 de junio de 2013, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el enjuiciamiento ordinario del diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua.
En el mes de febrero de ese mismo año, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó pruebas que involucran a integrantes del partido Primero Justicia (PJ), entre ellos a Richard Mardo, en presuntos actos de corrupción en el manejo de fondos no declarados.
Cabello mostró pruebas que evidencian cómo Richard Mardo, excandidato a la gobernación de Aragua y dirigente de PJ, recibió cheques por hasta 600 mil bolívares.
En su exposición ante la máxima instancia judicial del país, Ortega Díaz indicó que los dineros recibidos por Mardo no fueron declarados al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, incluso en sus declaraciones al Fisco no aparecen reflejados esos montos.
Posteriormente, en fecha 16 de julio de 2013, el Máximo Tribunal del país acordó la solicitud planteada por la Fiscal General y remitió las actuaciones al Poder Legislativo que, finalmente, despojó a Mardo de su inmunidad parlamentaria.
Compilador. William Castillo Pérez
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