De acuerdo con el Censo Agrícola de 1998, elaborado por la Oficina Central Estadística e Información (actual Instituto Nacional de Estadísticas), el 5% de los propietarios agrícolas acaparaban 75% de las tierras
Caracas, 04 de marzo de 2016.- El 05 de marzo de 1960, el entonces presidente Rómulo Betancourt, promulgó la Ley de Reforma Agraria y decretó el Día del Campesino Venezolano.
Esta Ley constituyó una esperanza para los productores del campo que eran víctimas de la explotación del sistema latifundista imperante, que les impedía el acceso a sus propias tierras.
Sin embargo, luego de 40 años de gobiernos neoliberales, la estructura de la tenencia de la tierra no varió y siguió en manos de las élites.Tampoco se logró un desarrollo agrario significativo, ni se elevó la calidad de vida de la población campesina.
De acuerdo con el Censo Agrícola de 1998, elaborado por la Oficina Central Estadística e Información (actual Instituto Nacional de Estadísticas), el 5% de los propietarios agrícolas acaparaban 75% de las tierras.
Con la llegada del comandante Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República en 1999, se impulsó en el país una política de defensa y atención al campesino, así como una guerra contra el latifundio.
Con la firma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el 10 de diciembre de 2001 en Barinas, se democratizó la tenencia de los terrenos productivos del país.
El propósito de esta normativa —firmada en la misma fecha y lugar donde 142 años atrás el líder campesino y general Ezequiel Zamora librara la Batalla de Santa Inés con la bandera de Tierras y hombres libres— tuvo como centro la eliminación de los grandes latifundios por considerarlos parte de un sistema contrario a la justicia, que continuaba oprimiendo a las familias campesinas y mantenía terrenos ociosos o empleados por debajo de su productividad.
Este instrumento legal formó parte de las 49 leyes aprobadas por el Ejecutivo el 11 de noviembre de 2001, en el ejercicio de la Ley Habilitante de noviembre del 2000, que desataron el descontento de las élites agrarias y empresariales.
Esas cúpulas se confabularon, meses más tarde, para perpetrar el golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez y continuar con el sabotaje petrolero a finales de ese mismo año (que se postergó hasta 2003), con el propósito de detener el avance de la Revolución Bolivariana.
Aunque los medios de comunicación privados, los partidos políticos de derecha y los sectores empresariales trataron desvirtuar el verdadero propósito de la normativa legal, este proyecto siguió adelante y hasta la fecha más de 3,6 millones de hectáreas han sido recuperadas, y al menos ocho de ellas regularizadas y puestas en manos de empresas socialistas y trabajadores del campo.
Para continuar el proceso de reivindicación del pueblo campesino, en julio de 2010 el Gobierno Bolivariano reformó la Ley de Tierras para eliminar la tercerización –que tiene lugar cuando el propietario de la tierra la alquila o negocia (sin venderla) a otra persona para que éste la trabaje– y colocar a las mujeres campesinas, que tienen a su cargo la manutención familiar, como principales beneficiarias de la adjudicación de los predios.