Óptica
Socialista
Opinión
La secrecía de sus deliberaciones y
el contenido de sus 30 capítulos, en particular lo relativo a temas sensibles
–como la propiedad intelectual, los subsidios y la competencia- evidencian que
el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) fue negociado
entre corporaciones privadas y públicas y no entre Estados, y resulta
“terrorífico”, implica desmedro de muchos sectores de la economía mexicana,
incluido el agro, y violatorio de derechos humanos básicos, como es el derecho
al trabajo, a la tierra, a la salud y a un medio ambiente sano, afirmó Jorge
Witker, doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid e
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hizo un
llamado a los senadores de la República a estudiar el TPP y frenarlo, y
consideró que la sociedad civil, en especial los agricultores, deben
movilizarse en rechazo al Acuerdo.
Dijo que el
TPP es un instrumento de carácter geopolítico que “viene a plantear un esquema bipolar en el
comercio internacional, con la clara intención de aislar a China y a las BRICs
(economías emergentes), que ofrecen por lo menos un modelo alternativo al
neoliberal vigente”. Con el TPP, la gran potencia que es Estados Unidos busca
replantear con una perspectiva unilateral los asuntos y problemas sensibles que
están estancados en la Organización Mundial de Comercio (OMC); así, la Ronda de
Doha, que incorpora las demandas de países emergentes, incluidas algunas en
favor del medio ambiente y de menores subsidios agrícolas, y que expresa
ciertos rasgos de comercio internacional vinculado al desarrollo, se debilitará
aún más.
“Y es que
al ingresar China en 2001 a la OMC, querámoslo o no, hizo equipo en aquella
época con los BRICS, y hubo un cambio en la correlación de fuerzas de la OMC:
los temas que habían estado planteando los países emergentes con bastante
debilidad o precariedad (reducción de subsidios agrícolas de países
desarrollados, los problemas de las prácticas desleales y la propiedad
intelectual) se incorporaron en la Ronda de Doha, pero en 2008 Estados Unidos
expresó abiertamente su interés de incorporarse al TPP –entonces conformado por
Brunei, Nueva Zelanda y Singapur y por un solo país de América, Chile-, y busca
plantear en ese foro los temas estancados de la OMC, pero ahora con una
perspectiva unilateral”.
En
entrevista, Jorge Witker –quien en
el pasado defendió a los porcicultores ante prácticas desleales de Estados
Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)-
analizó los temas sensibles presentes en los capítulos del TPP.
A
diferencia del Acuerdo Sobre Agricultura (ASA) de la OMC, donde se plantean discriminaciones, apoyos, uso de
salvaguardas, aranceles, etcétera, y regímenes especiales para países
emergentes, y a diferencia de la forma en que la Unión Europea protege a su
sector agropecuario en acuerdos comerciales, el TPP ignora en absoluto la
vinculación de este sector con la soberanía alimentaria, con los recursos
naturales y con sus efectos sociales, y menciona a los productos del campo uno
por uno, manzana, leche, maíz, trigo, etcétera, de una forma similar a
cualquier otro producto manufacturado como televisores o refrigeradores. “A la
fuerza someten a la agricultura a las reglas de las mercancías tradicionales,
asunto que ha sido un gran cuello de botella en las negociaciones de la OMC”.
Al respecto recordó sin embargo que ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
demeritó la importancia del agro. “Fue el primer tratado Norte-Sur que se hizo
atendiendo los criterios sólo del Norte. El TLCAN entregó la agricultura
prácticamente”.
Por otro
lado, dijo, lo que plantea el texto del TPP sobre buenas prácticas comerciales
se enfoca claramente a entregar el mercado a las corporaciones tanto privadas
como públicas, tales como la Corporación Agrícola Japonesa (CAJ), que es una
especie de Conasupo que controla todos los granos en Japón y que obviamente fue
la que defendió en el TPP los cultivos estratégicos nacionales, arroz y trigo;
igual ocurrió con otra empresa estatal monopólica de Nueva Zelanda que controla
la leche. Por parte de México se puede decir que los intereses defendidos en el
TPP son los de Cargill, Maseca, incluso los de Monsanto.
Es un hecho
que los Estados –que son los que negocian en la OMC- dieron paso a las empresas
en las definiciones del TPP y por tanto este Acuerdo no implica libre
competencia. Un ejemplo es el capítulo relativo a las compras de gobierno, que
exige que las empresas estatales que aún hay en la región (del TPP) se ajusten
a la racionalidad del sector privado. El TPP habla de competitividad pero no de
libre competencia; en ninguna parte del texto se habla de sanciones o límites a
los monopolios y oligopolios. “No hay nada contra Cargill que impone precios,
ni contra la CAJ o el monopolio lechero neozelandés, ni una palabra sobre eso.
Esto muestra por qué se negoció en secreto”. En este sentido el TPP contrasta
con el Tratado que tiene Chile con Corea, que es el único, al menos de América
Latina, que tiene una cláusula que advierte que cuando las exportaciones
deriven de una empresa con posición dominante en el mercado, el país huésped,
que recibe los productos, tiene derecho a plantear reclamaciones.
Respecto
del capítulo de propiedad intelectual, destacó que el TPP amplía a 15 años los
derechos de monopolio de las patentes de las medicinas biológicas y químicas.
En América Latina hoy duran esas patentes entre cinco y diez años; con el TPP
podrán extenderse hasta 15 años, y además luego de eso el dueño de la patente
podrá autorizar o rechazar la petición de quien quiera producir genéricos,
consideración ésta que resulta absurda. “Eso es violatorio de derechos humanos,
al derecho a la salud. Es un golpe tremendo a los países pobres y economías
emergentes”.
Entonces,
considerando que en los sectores agropecuario y farmacéutico dominan las
grandes corporaciones privadas y casi todas monopólicas, “sucede que ni
siquiera va a haber buenos precios para los consumidores, y el TPP no habla de
prácticas desleales”.
El TPP
además es violatorio de la Constitución, al afectar derechos humanos como el derecho a la tierra, al trabajo, al
amparo, los derechos indígenas entre otros. En sus artículos sobre “derechos de
particulares”, el acuerdo prevé por ejemplo la posibilidad de que
inversionistas extranjeros interesados en recursos energéticos despojen a los
dueños de las tierras y les inhibe a estos últimos el derecho a reclamar.
El
especialista destacó por otra parte que Estados Unidos ha sido claro al
expresar sus intereses comerciales en el TPP; son dos: el agro, pues plantea la
meta de incrementar sus exportaciones sectoriales, y los servicios, esto es lo
relativo a laboratorios farmacéuticos, propiedad intelectual, y otros. Las
manufacturas no le interesan, pues le conviene que estén en manos de países
como Japón o Vietnam –este último con cien millones de habitantes, un ingreso
bajísimo y salarios de hambre-; por eso no habla de cadenas de valor, sino de
suministro, e implica una aceleración de intercambio en este ámbito, lo cual
afectará a los productores mexicanos de textiles, zapatos y juguetes, que ya
sufren; “con esto van a desaparecer”.
Dijo que
hay hay expectativas de que el TPP avance en su aprobación y ratificación por
los Poderes Legislativos de los países miembros, pero dado que Estados Unidos
vive un periodo electoral lo más probable es que el proceso allí se retrase por
lo menos hasta enero de 2017, cuando entre en función su nuevo
presidente. Mientras tanto, el Senado mexicano debe estudiar el Acuerdo y darse
cuenta de que todas sus implicaciones son negativas para la sociedad mexicana,
y por tanto no debe ratificarlo. Y las organizaciones civiles deben
manifestarse, en particular las de productores agrícolas, quienes serían de los
más afectados por el TPP.
Por Lourdes Rudiño
Tomado de La Jornada del Campo
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