Foto archivo
Caracas, 12 Nov. AVN.- La
confusión, la incertidumbre y el malestar ocasionado por un paro
universitario, no declarado pero sí ejecutado y que afecta a más de
40.000 estudiantes sólo en la Universidad Central de Venezuela (UCV),
luce más como una táctica política de autoridades universitarias en
apoyo a la derecha que como la no deseada consecuencia de un reclamo
gremial o institucional.
A estas alturas de noviembre todas las escuelas de la UCV deberían estar en plena actividad académica. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes y profesores han abandonado el recinto universitario debido a una paralización de facto, cuya responsabilidad no ha sido asumida ni por el gremio de profesores ni por las autoridades universitarias.
En primera instancia, la Federación de Profesores Universitarios (Fapuv) instó a no iniciar actividades pero evitó llamar a paro. A este escenario siguió la resolución dictada el pasado 13 de octubre por autoridades de las facultades de la UCV, que también evaden declarar la suspensión de actividades, pero dicen que no hay condiciones para dar clases.
Los consejos de las 9 facultades que alberga la Ciudad Universitaria en Caracas argumentaron la ausencia de las "condiciones mínimas" requeridas para impartir clases en aulas, aunque sí las haya para postgrado, cursos de idiomas o de locución.
Adicionalmente, esas condiciones mínimas no han sido establecidas en términos verificables, más que con ejemplos como la falta de papel higiénico en los baños de algunas escuelas (aunque nadie recuerda que alguna vez haya habido papel higiénico en los baños estudiantiles de la UCV), indicó Zhandra Flores, profesora a tiempo completo de esta universidad.
La falta de claridad en las causas del "conflicto" impide determinar qué se requiere para que éste finalice. Si se aumentaran los recursos económicos —si es que la ausencia de condiciones mínimas se trata de un tema presupuestario— quedaría aún la interrogante de si se alcanzan o no las "condiciones" para impartir clases, ya que éstas sólo han sido planteadas de forma abstracta, sin establecer parámetros o indicadores de ese "mínimo" necesario para cumplir con la razón de ser de la universidad.
Frente a esta situación que mantiene en incertidumbre y privados de su derecho a la educación a más de 42.000 alumnos —según cifras públicas por la misma casa de estudios— las autoridades universitarias se empeñan en mantener un discurso cuyo eje principal gira en torno a la política nacional, y no a los problemas universitarios. Así la rectora de la UCV, Cecilia García, aparece de forma periódica en medios de comunicación, afirmando: "El gobierno tiene la culpa de la crisis universitaria".
“Sabemos que la situación de crisis de las universidades las ha ocasionado el mismo gobierno al no asignarle los apropiados recursos presupuestarios para darle inicio a las actividades académicas", ha declarado la rectora García, al tiempo que afirma que no se han suspendido las clases.
Sin embargo, la misma rectora y el resto de la autoridades de la UCV se niegan a propiciar una auditoría en la que, no sólo el Estado venezolano que otorga el presupuesto, sino también toda la comunidad universitaria, verifiquen cómo son utilizados los recursos, y se esclarezcan las múltiples denuncias de corrupción y desvío de fondos con las que cargan las autoridades de diversas instancias universitarias.
Esta semana, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) ha convocado al gremio docente a una consulta sobre el reinicio de las actividades académicas, aún cuando esto no es de su competencia sino del Consejo Universitario, según dictan las normas en la Ley de Universidades.
Con respecto a esto la profesora Flores indicó que en este tipo de imprecisiones en los reclamos, e incluso en los voceros del conflicto, radica la principal evidencia del juego de confusión al que apuestan las autoridades para canalizar y proyectar el conflicto ante la opinión pública como una consecuencia de supuesta ineficiencia gubernamental.
"En este momento la vocería principal la tiene el ente gremial docente que es la APUCV, y esta asociación no tiene competencia para decidir sobre el reinicio o no de las clases, pues esto es una competencia del Consejo Universitario, que a su vez nunca asumió la suspensión de actividades dictada por los consejos de Facultad", detalló Flores.
La suspensión, o paro de actividades fue un planteamiento del gremio docente en un momento del conflicto, luego de haber convocado a paros de 24 y 48 horas en varias oportunidades, sin embargo no se concretó un llamado a paro indefinido.
Esta situación fue aprovechada por las autoridades universitarias que "hábilmente hicieron converger el tema presupuestario -que no es una situación sobrevenida sino un problema estructural- con la exigencia salarial de los profesores", indicó Flores.
En este sentido, cuando falta menos de un mes para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, las autoridades universitarias, así como representantes estudiantiles que ocupan cargos de representación en la UCV – y cuya estrecha relación política con partidos de la derecha venezolana es pública y notoria— se ocupan en mantener el discurso polarizado, en el que pretenden imponer la crisis estructural que atraviesa la universidad como una responsabilidad puntual del Gobierno nacional.
"En la opinión pública de los sectores afectados por este conflicto ya está posicionada la idea de que será luego del 6 de diciembre que se resuelva la crisis universitaria, como por arte de magia", refiere Flores.
En el ínterin hasta el 6D, la rectora García invita a votar por los candidatos a diputados de la autollamada Mesa de la Unidad Democrátrica (MUD), aparece en propagandas políticas de la coalición de derecha, y afirma a los medios de comunicación y a los más de 40.000 estudiantes de la UCV, que la suspensión de actividades se debe a la "ausencia de condiciones mínimas". Otro tanto hacen en el mismo sentido algunos "representantes estudiantiles".
A estas alturas de noviembre todas las escuelas de la UCV deberían estar en plena actividad académica. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes y profesores han abandonado el recinto universitario debido a una paralización de facto, cuya responsabilidad no ha sido asumida ni por el gremio de profesores ni por las autoridades universitarias.
En primera instancia, la Federación de Profesores Universitarios (Fapuv) instó a no iniciar actividades pero evitó llamar a paro. A este escenario siguió la resolución dictada el pasado 13 de octubre por autoridades de las facultades de la UCV, que también evaden declarar la suspensión de actividades, pero dicen que no hay condiciones para dar clases.
Los consejos de las 9 facultades que alberga la Ciudad Universitaria en Caracas argumentaron la ausencia de las "condiciones mínimas" requeridas para impartir clases en aulas, aunque sí las haya para postgrado, cursos de idiomas o de locución.
Adicionalmente, esas condiciones mínimas no han sido establecidas en términos verificables, más que con ejemplos como la falta de papel higiénico en los baños de algunas escuelas (aunque nadie recuerda que alguna vez haya habido papel higiénico en los baños estudiantiles de la UCV), indicó Zhandra Flores, profesora a tiempo completo de esta universidad.
La falta de claridad en las causas del "conflicto" impide determinar qué se requiere para que éste finalice. Si se aumentaran los recursos económicos —si es que la ausencia de condiciones mínimas se trata de un tema presupuestario— quedaría aún la interrogante de si se alcanzan o no las "condiciones" para impartir clases, ya que éstas sólo han sido planteadas de forma abstracta, sin establecer parámetros o indicadores de ese "mínimo" necesario para cumplir con la razón de ser de la universidad.
Frente a esta situación que mantiene en incertidumbre y privados de su derecho a la educación a más de 42.000 alumnos —según cifras públicas por la misma casa de estudios— las autoridades universitarias se empeñan en mantener un discurso cuyo eje principal gira en torno a la política nacional, y no a los problemas universitarios. Así la rectora de la UCV, Cecilia García, aparece de forma periódica en medios de comunicación, afirmando: "El gobierno tiene la culpa de la crisis universitaria".
“Sabemos que la situación de crisis de las universidades las ha ocasionado el mismo gobierno al no asignarle los apropiados recursos presupuestarios para darle inicio a las actividades académicas", ha declarado la rectora García, al tiempo que afirma que no se han suspendido las clases.
Sin embargo, la misma rectora y el resto de la autoridades de la UCV se niegan a propiciar una auditoría en la que, no sólo el Estado venezolano que otorga el presupuesto, sino también toda la comunidad universitaria, verifiquen cómo son utilizados los recursos, y se esclarezcan las múltiples denuncias de corrupción y desvío de fondos con las que cargan las autoridades de diversas instancias universitarias.
Esta semana, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) ha convocado al gremio docente a una consulta sobre el reinicio de las actividades académicas, aún cuando esto no es de su competencia sino del Consejo Universitario, según dictan las normas en la Ley de Universidades.
Con respecto a esto la profesora Flores indicó que en este tipo de imprecisiones en los reclamos, e incluso en los voceros del conflicto, radica la principal evidencia del juego de confusión al que apuestan las autoridades para canalizar y proyectar el conflicto ante la opinión pública como una consecuencia de supuesta ineficiencia gubernamental.
"En este momento la vocería principal la tiene el ente gremial docente que es la APUCV, y esta asociación no tiene competencia para decidir sobre el reinicio o no de las clases, pues esto es una competencia del Consejo Universitario, que a su vez nunca asumió la suspensión de actividades dictada por los consejos de Facultad", detalló Flores.
La suspensión, o paro de actividades fue un planteamiento del gremio docente en un momento del conflicto, luego de haber convocado a paros de 24 y 48 horas en varias oportunidades, sin embargo no se concretó un llamado a paro indefinido.
Esta situación fue aprovechada por las autoridades universitarias que "hábilmente hicieron converger el tema presupuestario -que no es una situación sobrevenida sino un problema estructural- con la exigencia salarial de los profesores", indicó Flores.
En este sentido, cuando falta menos de un mes para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, las autoridades universitarias, así como representantes estudiantiles que ocupan cargos de representación en la UCV – y cuya estrecha relación política con partidos de la derecha venezolana es pública y notoria— se ocupan en mantener el discurso polarizado, en el que pretenden imponer la crisis estructural que atraviesa la universidad como una responsabilidad puntual del Gobierno nacional.
"En la opinión pública de los sectores afectados por este conflicto ya está posicionada la idea de que será luego del 6 de diciembre que se resuelva la crisis universitaria, como por arte de magia", refiere Flores.
En el ínterin hasta el 6D, la rectora García invita a votar por los candidatos a diputados de la autollamada Mesa de la Unidad Democrátrica (MUD), aparece en propagandas políticas de la coalición de derecha, y afirma a los medios de comunicación y a los más de 40.000 estudiantes de la UCV, que la suspensión de actividades se debe a la "ausencia de condiciones mínimas". Otro tanto hacen en el mismo sentido algunos "representantes estudiantiles".
Fuente: AVN
12/11/2015 14:04
Compilador. William Castillo Pérez
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