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La implicación de Voluntad Popular en el frustrado secuestro del exministro de Economía y expresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, evidencia una vez más la naturaleza sediciosa de esta organización de extrema derecha cuyo método es emplear la violencia política para producir un cambio de gobierno.
Este viernes el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, ofreció detalles sobre el secuestro frustrado de Merentes, que conllevó la captura de dos miembros de VP encargados del plan cuyo propósito era financiar, con el cobro de rescate, una escalada terrorista para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Este partido —que nació como un movimiento en 2009 y se consolidó como organización política en 2011— fue fundado por Leopoldo López, condenado a 13 años, nueve meses y siete días de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir, cometidos en la ejecución del plan sedicioso "La Salida", entre febrero y junio de 2014, en el que fueron asesinadas 43 personas y produjo más de 800 heridos.
Tras la detención de López, asumió las riendas del partido Freddy Guevara que entre abril y julio de 2017 desarrolló un plan terrorista y desestabilizador, con la actuación de escuadras de choque integradas por adolescentes.
Crear una sensación de ingobernabilidad, justificar una intervención militar extranjera, lograr el derrocamiento del presidente Maduro y liquidar el proyecto bolivariano eran los objetivos que se trazó VP.
Esta escalada de violencia dejó un saldo de 121 personas asesinadas y 1.958 lesionados. Además, se ejecutó el sabotaje al suministro de electricidad, la quema de unidades de transporte público y destrozos a oficinas públicas.
Durante tres meses, Guevara promovió la instigación permanente a la desobediencia y al desconocimiento del Estado venezolano. Junto a otros actores de extrema derecha, como Julio Borges, hizo lobby ante agentes internacionales para promover una intervención militar y bloqueo financiero contra el país que entorpeciera el acceso del Gobierno Nacional a créditos, compra de alimentos y medicinas.
Por ello, el pasado 6 de noviembre la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guevara, por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, al estar vinculado con el plan sedicioso que atentó contra la paz de la República en 2017.
Fue acusado por los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir. Guevara es prófugo de la justicia y se encuentra refugiado en la Embajada de Chile.
Crímenes selectivos
Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana en 1999 grupos radicales opositores han apostado constantemente al terror como estrategia política, así lo hicieron en abril de 2002 cuando fueron asesinados 19 venezolanos y resultaron lesionadas decenas de personas, con el fin de generar la ruptura constitucional y justificar el golpe de Estado.
Dos años después —el 18 de noviembre de 2004— fue asesinado el fiscal Danilo Anderson, con el propósito de detener las investigaciones sobre el del golpe del 11 de abril de 2002 y el sabotaje petrolero (2002-2003).
El 28 de abril de 2014, en el estado Miranda, fue asesinado el líder revolucionario Eliécer Otaiza, para entonces presidente de la Cámara Municipal de Caracas.
Cinco meses después, el 1 de octubre de 2014, fue ejecutado el diputado Robert Serra, junto a su asistente María Herrera.
Este viernes el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, ofreció detalles sobre el secuestro frustrado de Merentes, que conllevó la captura de dos miembros de VP encargados del plan cuyo propósito era financiar, con el cobro de rescate, una escalada terrorista para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Este partido —que nació como un movimiento en 2009 y se consolidó como organización política en 2011— fue fundado por Leopoldo López, condenado a 13 años, nueve meses y siete días de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir, cometidos en la ejecución del plan sedicioso "La Salida", entre febrero y junio de 2014, en el que fueron asesinadas 43 personas y produjo más de 800 heridos.
Tras la detención de López, asumió las riendas del partido Freddy Guevara que entre abril y julio de 2017 desarrolló un plan terrorista y desestabilizador, con la actuación de escuadras de choque integradas por adolescentes.
Crear una sensación de ingobernabilidad, justificar una intervención militar extranjera, lograr el derrocamiento del presidente Maduro y liquidar el proyecto bolivariano eran los objetivos que se trazó VP.
Esta escalada de violencia dejó un saldo de 121 personas asesinadas y 1.958 lesionados. Además, se ejecutó el sabotaje al suministro de electricidad, la quema de unidades de transporte público y destrozos a oficinas públicas.
Durante tres meses, Guevara promovió la instigación permanente a la desobediencia y al desconocimiento del Estado venezolano. Junto a otros actores de extrema derecha, como Julio Borges, hizo lobby ante agentes internacionales para promover una intervención militar y bloqueo financiero contra el país que entorpeciera el acceso del Gobierno Nacional a créditos, compra de alimentos y medicinas.
Por ello, el pasado 6 de noviembre la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guevara, por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, al estar vinculado con el plan sedicioso que atentó contra la paz de la República en 2017.
Fue acusado por los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir. Guevara es prófugo de la justicia y se encuentra refugiado en la Embajada de Chile.
Crímenes selectivos
Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana en 1999 grupos radicales opositores han apostado constantemente al terror como estrategia política, así lo hicieron en abril de 2002 cuando fueron asesinados 19 venezolanos y resultaron lesionadas decenas de personas, con el fin de generar la ruptura constitucional y justificar el golpe de Estado.
Dos años después —el 18 de noviembre de 2004— fue asesinado el fiscal Danilo Anderson, con el propósito de detener las investigaciones sobre el del golpe del 11 de abril de 2002 y el sabotaje petrolero (2002-2003).
El 28 de abril de 2014, en el estado Miranda, fue asesinado el líder revolucionario Eliécer Otaiza, para entonces presidente de la Cámara Municipal de Caracas.
Cinco meses después, el 1 de octubre de 2014, fue ejecutado el diputado Robert Serra, junto a su asistente María Herrera.
Funte: AVN/23/02/17
Compila. William Castillo Pérez
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