Caracas, 03 Sep. AVN.- La noticia se supo el miércoles en la tarde. En una alocución, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunciaba que la Fiscalía de su país estaba "considerando seriamente" denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos "crímenes de lesa humanidad", ante la actual situación en la frontera común de ambos países.
El pasado 19 de agosto tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron gravemente heridos por un grupo de paramilitares mientras cumplían funciones de seguridad contra el contrabando de extracción. Frente a ese ataque a la soberanía y seguridad de Venezuela, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ordenó cerrar la frontera en el estado Táchira, medida que fue extendida de manera indefinida el viernes 21 de agosto.
Para Santos, la acción soberana lesiona a los colombianos por lo que amenazó con denunciar a Venezuela "por la dignidad" de sus connacionales "en cuantos escenarios sea posible".
Las declaraciones resultan elocuentes. Colombia, con más de 15 condenas de la Corte Interamericana por violación de Derechos Humanos, 50 procesos abiertos por desapariciones forzadas, desplazamientos, falsos positivos y otros crímenes de Estado, y -tan sólo hasta 2011- alrededor de 134 demandas en curso, considera que el gobierno de Maduro ha incurrido en "actos violatorios del derecho internacional" por cerrar la frontera y exigir acciones conjuntas para el restablecimiento de la normalidad en la zona limítrofe, apenas custodiada por un puesto policial del lado colombiano.
Durante el gobierno de Santos, la Corte IDH ha emitido al menos tres fallos en contra del Estado colombiano: uno por el desplazamiento forzado de las comunidades afrodescendientes en la cuenca del río Cacarica, en Chocó, tras la acción de paramilitares y efectivos de la Fuerza Armada en 1997; otro por la masacre de Santo Domingo, una zona rural del Arauca en la que murieron 11 adultos y seis niños, en 1998; y un tercero por la desaparición forzada de personas consideradas sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia en 1985, así como la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas.
Pero el historial de reprobación no termina allí. La Corte también investiga un caso que involucra directamente al Jefe de Estado colombiano, cuando se desempeñaba como ministro de Defensa del ex presidente Álvaro Uribe: los "falsos positivos", el eufemismo con el que se denominaron los asesinatos extrajudiciales cometidos por miembros del Ejército a cambio de beneficios y mejores cargos.
Actualmente, existen 5.700 denuncias por falsos positivos, según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, y la Fiscalía adelanta 3.430 investigaciones por estos hechos. Pero desde 2007, año en el que trascendió a la opinión pública el sangriento escándalo, apenas seis coroneles han sido condenados y ningún general imputado.
El expediente se agrava si se tiene en cuenta que mientras Santos fue parte del gabinete de Uribe, se descubrió La Macarena, la fosa común más grande de la región con unas 2.500 osamentas humanas, producto de las ejecuciones extrajudiciales del ejército colombiano y organizaciones paramilitares.
El uso de hornos crematorios también se institucionalizó como política, tal como confesó el propio ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, según el fallo de Justicia y Paz, en la que se relatan los horrores que los bloques de las llamadas "autodefensas" de Córdoba, Catatumbo, Norte y Héroes de los Montes de María cometieron en ocho departamentos. El saldo mortal, reseñado por el diario El Tiempo a finales del año pasado, fue de 94 masacres, 975 víctimas de desapariciones forzadas, 7.048 personas que abandonaron sus viviendas, 140 homicidios y 150 niños reclutados.
De los casi 1.000 cuerpos que los paramilitares de Mancuso desaparecieron, según el fallo, al menos es "improbable que sean recuperados 560". Mientras un 25% de las víctimas fueron enterradas en fosas clandestinas, 6% fueron incineradas.
La violencia en Colombia, moneda común desde hace más de medio siglo de conflicto armado, también ha generado el desplazamiento de más de 5 millones de colombianos en su propio territorio, generalmente para consolidar la apropiación ilegítima de tierras de los campesinos.
Un informe de ACNUR detalla, además, que entre 2007 y el 2013 -período que comprende buena parte de los gobiernos de Santos- ha aumentado la concentración de la tasa de expulsión en el país.
Paralelamente, muchos colombianos se han movilizado fuera de su país de origen. En Venezuela viven más de 5 millones 600 mil ciudadanos colombianos, quienes han sido incluidos en el sistema de protección social del Estado venezolano. Sólo en los últimos nueve años, 800.000 ciudadanos del vecino país han emigrado a Venezuela y además diariamente pasan 150.000 colombianos a este país, en busca de mejores condiciones de vida.
Ante este panorama, Maduro solicitó apoyo al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon para detener el éxodo humanitario masivo de ciudadanos colombianos a Venezuela y reiteró su llamado a su homólogo neogranadino para una reunión bilateral.
La petición de Maduro había sido ignorada hasta este jueves, cuando Santos aseguró que se vería cara a cara con el Jefe de Estado venezolano sólo si este "cumplía" sus condiciones. La postura beligerante de Bogotá contra Caracas ha ido en ascenso desde la derrota diplomática que sufrió la delegación colombiana en el seno de la Organización de Estados Americano (OEA), donde se rechazó la moción de una reunión de cancilleres para abordar la situación fronteriza.
Para Santos, la decisión de la OEA obedeció "más a la ideología y a los intereses monetarios que las razones humanitarias".
Tras el revés, en la Casa de Nariño incluso se negaron a asistir a una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ante lo cual el secretario de ese organismo, el colombiano Ernesto Samper, ha reiterado su llamado a resolver el diferendo de manera bilateral.
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