Caracas, 01 Jul. AVN.- Este lunes 29 y
martes 30 de junio, Venezuela presentó ante el Comité de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra,
Suiza, su informe sobre los avances del país en materia de derechos
civiles y políticos.
La delegación venezolana estuvo liderada por la fiscal general de República, Luisa Ortega Díaz; el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) William Castillo; la alta comisionada Presidencial para la Paz y la Vida, Isis Ochoa; y la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas.
En el primer día de presentación del mencionado informe, la fiscal Ortega Díaz ratificó que en la nación suramericana el derecho a la vida es inviolable y sagrado.
"En Venezuela el derecho a la vida es inviolable, es sagrado. La Carta Magna prohíbe la pena de muerte y es obligación del Estado proteger la vida en cualquier circunstancia", manifestó en su discurso.
Precisó que para garantizar este derecho se ha concebido la seguridad ciudadana como un tema prioritario para lograr la protección de las personas frente a situaciones que constituyen amenazas, vulnerabilidad o riesgo para su vida e integridad física.
Asimismo, detalló que se han diseñado políticas como la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, programa en el que confluyen varias instituciones del Estado venezolano para asegurar los derechos de las personas, fomentar una sana convivencia y erradicar la violencia.
Dicho plan ha hecho especial énfasis en la prevención, con la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Atención de las Víctimas, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución venezolana.
Además, a través de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela se ha creado el Movimiento por la Paz y la Vida para promover la cultura de la paz y la convivencia en el país.
"El Estado venezolano, además, busca controlar y contener la criminalidad. En los últimos años se ha trabajado para elevar la capacitación técnica y profesional de nuestros policías y, para tal fin, fue creada en 2009 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Cuatro años después de su creación, es decir, en 2013, se promulgó la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones para lograr el control de las armas en manos del Estado", especificó la máxima autoridad del Ministerio Público.
La fiscal general de la República subrayó que de dicha política de control de armas se han desprendido campañas de desarme voluntario, logrando, sólo en 2014, la destrucción de 26.518 armas de fuego.
Igualmente, en Venezuela los cuerpos de seguridad se articulan para identificar y desmantelar bandas delictivas armadas que están desvinculadas con colectivos sociales, estigmatizados con campañas discriminatorias, clasistas y racistas.
Del mismo modo, el país cuenta con una legislación especial que prohíbe la tortura y los tratos crueles, entre ellas, la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y la Ley contra la Tortura y los Tratos Crueles.
Ortega Díaz indicó que, de acuerdo con las disposiciones de dichas normas legales, en Venezuela se han procesado 80 casos de tortura y 1.508 causas por el delito de tratos crueles entre 2014 y 2015.
También destacó que desde 2008, la nación venezolana cuenta con una Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, en la que en 2014 se procesaron 15.929 pruebas periciales en materia de derechos humanos.
Ante la ONU, Ortega Díaz recordó que entre 1958 y 1998 Venezuela fue escenario de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y represión por cuerpos de seguridad por motivos políticos.
Rememoró que en ese período se ejecutaron varias masacres, como las de Cantaura, Yumare, El Amparo y el llamado Caracazo.
"Que ha sido la más brutal represión armada y violación de los derechos humanos ocurridas en el país el 27 y 28 de febrero de 1989, donde fueron asesinadas miles de personas. Aunque parezca mentira, en aquellos momentos ni un solo funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado fue detenido por estos crímenes", expuso.
En este sentido, puntualizó que desde 1999 en Venezuela se consolida un Estado democrático y popular, y se reconstruye la memoria colectiva con el desarrollo de investigaciones para sancionar las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1958 y 1998.
Recordó que desde 2006, Venezuela adelanta un proceso de reforma policial fundamentado en un nuevo modelo civil, profesional y preventivo, respetuoso de los derechos humanos, así como la promulgación de la Ley del Servicio del Policial que consagra el uso progresivo y diferenciado de la fuerza.
"El Estado venezolano no avala actuaciones policiales que atenten contra los derechos humanos, más bien las condena", y en los casos aislados en que se han cometido excesos se ha venido actuando con contundencia", comentó.
Refirió que desde enero hasta mayo de 2015 el Ministerio Público ha imputado a 252 funcionarios de varios cuerpos policiales, ha acusado a 110 y hay 53. condenados por los tribunales.
Adicional a ello, el Estado venezolano ha atendido a los privados de libertad para garantizar plenamente todos sus derechos, la celeridad procesal y comunicación con sus familiares, así como su recreación y educación.
Explicó que por primera vez en la historia del país existe un sistema de protección a los pueblos indígenas y afrodescendientes e igualmente para los niños, niñas y adolescentes y especialmente para la mujer.
Citó la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, reformada parcialmente por la Asamblea Nacional para incluir el delito del feminicidio, prohibir la trata de personas, la esclavitud y el trabajo forzado.
En su intervención, igualmente, resaltó que el pueblo de Venezuela ha demostrado su vocación democrática y soberana, a través del sufragio secreto, libre y universal en 19 procesos electorales nacionales efectuados desde 1999 hasta la fecha, con un sistema electoral auditable y transparente.
En este sentido, la Fiscal General de la República solicitó ante la Organización de las Naciones Unidas que el debate sobre derechos humanos en instancias internacionales se haga de manera imparcial y "en un espíritu de diálogo genuino, cooperación, de conformidad con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".
Se reafirmó el valor de la paz
Este martes, en el segundo día de presentación del informe sobre los avances de Venezuela en materia de derechos civiles y políticos ante la ONU, Ortega Díaz, reafirmó, en nombre del Estado venezolano, el valor de la paz como fundamento para la democracia participativa y protagónica.
La delegación venezolana estuvo liderada por la fiscal general de República, Luisa Ortega Díaz; el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) William Castillo; la alta comisionada Presidencial para la Paz y la Vida, Isis Ochoa; y la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas.
En el primer día de presentación del mencionado informe, la fiscal Ortega Díaz ratificó que en la nación suramericana el derecho a la vida es inviolable y sagrado.
"En Venezuela el derecho a la vida es inviolable, es sagrado. La Carta Magna prohíbe la pena de muerte y es obligación del Estado proteger la vida en cualquier circunstancia", manifestó en su discurso.
Precisó que para garantizar este derecho se ha concebido la seguridad ciudadana como un tema prioritario para lograr la protección de las personas frente a situaciones que constituyen amenazas, vulnerabilidad o riesgo para su vida e integridad física.
Asimismo, detalló que se han diseñado políticas como la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, programa en el que confluyen varias instituciones del Estado venezolano para asegurar los derechos de las personas, fomentar una sana convivencia y erradicar la violencia.
Dicho plan ha hecho especial énfasis en la prevención, con la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Atención de las Víctimas, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución venezolana.
Además, a través de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela se ha creado el Movimiento por la Paz y la Vida para promover la cultura de la paz y la convivencia en el país.
"El Estado venezolano, además, busca controlar y contener la criminalidad. En los últimos años se ha trabajado para elevar la capacitación técnica y profesional de nuestros policías y, para tal fin, fue creada en 2009 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Cuatro años después de su creación, es decir, en 2013, se promulgó la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones para lograr el control de las armas en manos del Estado", especificó la máxima autoridad del Ministerio Público.
La fiscal general de la República subrayó que de dicha política de control de armas se han desprendido campañas de desarme voluntario, logrando, sólo en 2014, la destrucción de 26.518 armas de fuego.
Igualmente, en Venezuela los cuerpos de seguridad se articulan para identificar y desmantelar bandas delictivas armadas que están desvinculadas con colectivos sociales, estigmatizados con campañas discriminatorias, clasistas y racistas.
Del mismo modo, el país cuenta con una legislación especial que prohíbe la tortura y los tratos crueles, entre ellas, la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y la Ley contra la Tortura y los Tratos Crueles.
Ortega Díaz indicó que, de acuerdo con las disposiciones de dichas normas legales, en Venezuela se han procesado 80 casos de tortura y 1.508 causas por el delito de tratos crueles entre 2014 y 2015.
También destacó que desde 2008, la nación venezolana cuenta con una Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, en la que en 2014 se procesaron 15.929 pruebas periciales en materia de derechos humanos.
Ante la ONU, Ortega Díaz recordó que entre 1958 y 1998 Venezuela fue escenario de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y represión por cuerpos de seguridad por motivos políticos.
Rememoró que en ese período se ejecutaron varias masacres, como las de Cantaura, Yumare, El Amparo y el llamado Caracazo.
"Que ha sido la más brutal represión armada y violación de los derechos humanos ocurridas en el país el 27 y 28 de febrero de 1989, donde fueron asesinadas miles de personas. Aunque parezca mentira, en aquellos momentos ni un solo funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado fue detenido por estos crímenes", expuso.
En este sentido, puntualizó que desde 1999 en Venezuela se consolida un Estado democrático y popular, y se reconstruye la memoria colectiva con el desarrollo de investigaciones para sancionar las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1958 y 1998.
Recordó que desde 2006, Venezuela adelanta un proceso de reforma policial fundamentado en un nuevo modelo civil, profesional y preventivo, respetuoso de los derechos humanos, así como la promulgación de la Ley del Servicio del Policial que consagra el uso progresivo y diferenciado de la fuerza.
"El Estado venezolano no avala actuaciones policiales que atenten contra los derechos humanos, más bien las condena", y en los casos aislados en que se han cometido excesos se ha venido actuando con contundencia", comentó.
Refirió que desde enero hasta mayo de 2015 el Ministerio Público ha imputado a 252 funcionarios de varios cuerpos policiales, ha acusado a 110 y hay 53. condenados por los tribunales.
Adicional a ello, el Estado venezolano ha atendido a los privados de libertad para garantizar plenamente todos sus derechos, la celeridad procesal y comunicación con sus familiares, así como su recreación y educación.
Explicó que por primera vez en la historia del país existe un sistema de protección a los pueblos indígenas y afrodescendientes e igualmente para los niños, niñas y adolescentes y especialmente para la mujer.
Citó la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, reformada parcialmente por la Asamblea Nacional para incluir el delito del feminicidio, prohibir la trata de personas, la esclavitud y el trabajo forzado.
En su intervención, igualmente, resaltó que el pueblo de Venezuela ha demostrado su vocación democrática y soberana, a través del sufragio secreto, libre y universal en 19 procesos electorales nacionales efectuados desde 1999 hasta la fecha, con un sistema electoral auditable y transparente.
En este sentido, la Fiscal General de la República solicitó ante la Organización de las Naciones Unidas que el debate sobre derechos humanos en instancias internacionales se haga de manera imparcial y "en un espíritu de diálogo genuino, cooperación, de conformidad con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".
Se reafirmó el valor de la paz
Este martes, en el segundo día de presentación del informe sobre los avances de Venezuela en materia de derechos civiles y políticos ante la ONU, Ortega Díaz, reafirmó, en nombre del Estado venezolano, el valor de la paz como fundamento para la democracia participativa y protagónica.
Ratificó que Venezuela promueve la cultura de paz, garantiza los
derechos humanos a los ciudadanos y mantiene su interés en establecer un
diálogo constructivo con todos los mecanismos del sistema universal de
estas garantías, incluido el Comité de DDHH de la ONU.
Por su parte, la viceministra para los Pueblos Indígenas, Clara
Vidal, especificó que el total del 66,5% de las solicitudes de
demarcación hechas por las comunidades indígenas en Venezuela han
obtenido fallo a su favor, lo cual forma parte de las políticas
promovidas por la Revolución Bolivariana para respetar y proteger los
derechos de los pueblos originarios.
"Venezuela es un ejemplo para el mundo por tener un Ministerio para los
asuntos de los pueblos originarios", expresó e hizo especial mención
al Plan Yukpa, creado en el año 2008 por el comandante Hugo Chávez para
ofrecer apoyo a las comunidades de la Sierra de Perijá.
Este martes ante la ONU también intervino el director de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, quien acotó
que la legislación venezolana protege a los operadores de
telecomunicaciones y usuarios de medios de comunicación social,
específicamente con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
En su discurso Castillo recordó que en 11 años el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (DRS), como máximo órgano de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, no ha cerrado ningún medio de comunicación en el país y aclaró que las normas legales prohíben dicha medida.
Igualmente, puntualizó que no es política del Estado venezolano bloquear direcciones de Internet ni difusiones de imágenes por Twitter.
Recalcó que en Venezuela las comunicaciones son de servicio público y está prohibida la censura, por lo que aclaró que la televisora privada Radio Caracas Televisión (RCTV) no fue cerrada, sino que su concesión venció en 2007 y se decidió la no renovación.
Recordó que antes de 1999, los medios de comunicación en el país eran cerrados por decisiones administrativas y el sector de telecomunicaciones se dirigía por decretos, al tiempo que destacó que en 11 años, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha abierto 26 procedimientos administrativos a igual número de operadores e impuesto una sola multa.
Especificó que en el territorio nacional 60% de las emisoras radiales en la banda de frecuencia modulada (FM) está en manos de concesionarios privados, mientras que en la banda de amplitud modulada (AM) el porcentaje se ubica en 80%.
Al director de Conatel le siguió la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, quien resaltó que en Venezuela hombres y mujeres son iguales ante la ley, mientras que puntualizó que la igualdad de género es transversal a las políticas del Estado venezolano.
Oblitas, además, precisó que desde el Consejo Nacional Electoral se
prepondera la participación de las mujeres en altos cargos públicos, por
ello, recordó que recientemente el Poder Electoral aprobó un reglamento
especial a fin de garantizar la equidad de género en las postulaciones a
elecciones Parlamentarias, pautadas para el próximo 6 de diciembre. En su discurso Castillo recordó que en 11 años el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (DRS), como máximo órgano de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, no ha cerrado ningún medio de comunicación en el país y aclaró que las normas legales prohíben dicha medida.
Igualmente, puntualizó que no es política del Estado venezolano bloquear direcciones de Internet ni difusiones de imágenes por Twitter.
Recalcó que en Venezuela las comunicaciones son de servicio público y está prohibida la censura, por lo que aclaró que la televisora privada Radio Caracas Televisión (RCTV) no fue cerrada, sino que su concesión venció en 2007 y se decidió la no renovación.
Recordó que antes de 1999, los medios de comunicación en el país eran cerrados por decisiones administrativas y el sector de telecomunicaciones se dirigía por decretos, al tiempo que destacó que en 11 años, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha abierto 26 procedimientos administrativos a igual número de operadores e impuesto una sola multa.
Especificó que en el territorio nacional 60% de las emisoras radiales en la banda de frecuencia modulada (FM) está en manos de concesionarios privados, mientras que en la banda de amplitud modulada (AM) el porcentaje se ubica en 80%.
Al director de Conatel le siguió la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, quien resaltó que en Venezuela hombres y mujeres son iguales ante la ley, mientras que puntualizó que la igualdad de género es transversal a las políticas del Estado venezolano.
Fuente: AVN
01/07/2015 11:30
Compilador. William Castillo Pérez
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