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Caracas, febrero 27 - El estallido social del Caracazo y la
subsiguiente represión por parte de los organismos del Estado de la IV
República causaron miles de desaparecidos y una deuda judicial histórica
con los sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales que dejó
este hecho.
Es por esta razón que el próximo 14 de marzo el Tribunal 32° de Control del Área Metropolitana de Caracas decidirá en audiencia preliminar si el ex gobernador del entonces Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas, fue responsable en la dirección y ejecución del plan de represión policial aplicado por la Policía Metropolitana en zonas populares de Caracas durante los días 27 y 28 de febrero, así como los primeros días de marzo de 1989.
A Ávila Vivas se le acusa de los delitos de homicidio intencional, en grado de complicidad correspectiva, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales establecidos en el Código Penal vigente para ese entonces.
La cifra oficial de víctimas del gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) reconoció una lista de 336 fallecidos, producto de la aplicación del llamado Plan Ávila, bajo el cual efectivos del ejército y la PM salieron para “mantener el orden institucional” de una manera desmedida, tal como indican los estudios realizados tras las exhumaciones efectuadas por el Ministerio Público desde 2009 en el sector La Peste del Cementerio General del Sur.
La Fiscalía explicó en su monento que hasta la fecha han realizado 125 exhumaciones, 223 inspecciones técnicas, con las cuales se ha permitido identificar a 71 víctimas, la primera de ellas los restos de Francisco Colmenares Zorrilla. Los resultados de la investigación confirmaron los excesos y la desproporción de las acciones cometidos por fuerzas del orden público.
Durante esos días del mes de febrero y marzo de 1989 se suspendieron las garantías y se inició un fuerte operativo militar y policial para controlar una serie de protestas que se desencadenaron en Guarenas y otras zonas de Caracas a raíz del paquetazo de medidas económicas aplicadas por el Gobierno. Junto a la protesta social, miles de personas de los sectores populares salieron a saquear negocios en busca de productos de la cesta básica que mantenían acaparados los comerciantes en espera de la liberación de los controles de precios.
De los 336 fallecidos reconocidos por CAP, 47 son niños menores de 18 años, entre los que se incluyen de 8, 9, 11 y 13 años de edad.
En febrero de 2012 el Ministerio Público presentó un escrito ante el Tribunal 32° de Control, para solicitar la admisión de la acusación, conforme las pruebas aportadas y que se ordene el enjuiciamiento de Ávila Vivas, quien para la fecha era el gobernador designado por CAP.
Por este caso, además, ya fueron pasados a juicio el exministro de la Defensa Italo del Valle Alliegro; el excomandante de la PM José Rafael León Orsoni; el ex segundo comandante de la PM Luis Guillermo Fuentes Serra; el jefe del comando regional 5º de la Guardia Nacional para la época, Freddy Ventura Maya Cardona, y el jfe del Comando estrátegico del Ejército en Caracas, Heinz Azpurua (falleció el pasado año), por incurrir en delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, en grado de complicidad necesaria, y quebrantamiento de pactos internacionales.
Es por esta razón que el próximo 14 de marzo el Tribunal 32° de Control del Área Metropolitana de Caracas decidirá en audiencia preliminar si el ex gobernador del entonces Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas, fue responsable en la dirección y ejecución del plan de represión policial aplicado por la Policía Metropolitana en zonas populares de Caracas durante los días 27 y 28 de febrero, así como los primeros días de marzo de 1989.
A Ávila Vivas se le acusa de los delitos de homicidio intencional, en grado de complicidad correspectiva, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales establecidos en el Código Penal vigente para ese entonces.
La cifra oficial de víctimas del gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) reconoció una lista de 336 fallecidos, producto de la aplicación del llamado Plan Ávila, bajo el cual efectivos del ejército y la PM salieron para “mantener el orden institucional” de una manera desmedida, tal como indican los estudios realizados tras las exhumaciones efectuadas por el Ministerio Público desde 2009 en el sector La Peste del Cementerio General del Sur.
La Fiscalía explicó en su monento que hasta la fecha han realizado 125 exhumaciones, 223 inspecciones técnicas, con las cuales se ha permitido identificar a 71 víctimas, la primera de ellas los restos de Francisco Colmenares Zorrilla. Los resultados de la investigación confirmaron los excesos y la desproporción de las acciones cometidos por fuerzas del orden público.
Durante esos días del mes de febrero y marzo de 1989 se suspendieron las garantías y se inició un fuerte operativo militar y policial para controlar una serie de protestas que se desencadenaron en Guarenas y otras zonas de Caracas a raíz del paquetazo de medidas económicas aplicadas por el Gobierno. Junto a la protesta social, miles de personas de los sectores populares salieron a saquear negocios en busca de productos de la cesta básica que mantenían acaparados los comerciantes en espera de la liberación de los controles de precios.
De los 336 fallecidos reconocidos por CAP, 47 son niños menores de 18 años, entre los que se incluyen de 8, 9, 11 y 13 años de edad.
En febrero de 2012 el Ministerio Público presentó un escrito ante el Tribunal 32° de Control, para solicitar la admisión de la acusación, conforme las pruebas aportadas y que se ordene el enjuiciamiento de Ávila Vivas, quien para la fecha era el gobernador designado por CAP.
Por este caso, además, ya fueron pasados a juicio el exministro de la Defensa Italo del Valle Alliegro; el excomandante de la PM José Rafael León Orsoni; el ex segundo comandante de la PM Luis Guillermo Fuentes Serra; el jefe del comando regional 5º de la Guardia Nacional para la época, Freddy Ventura Maya Cardona, y el jfe del Comando estrátegico del Ejército en Caracas, Heinz Azpurua (falleció el pasado año), por incurrir en delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, en grado de complicidad necesaria, y quebrantamiento de pactos internacionales.
Fuente: CCS/aporrea.org/28//02/13
Compilador. William Castillo Pérez
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