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El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia condenó este martes a dos ex ministros y cinco ex jefes militares acusados de ser responsables de una matanza de 64 civiles en octubre del 2003. Las penas oscilan de tres a 15 años en prisión.
Los medios locales precisaron que el presidente de tribunal que juzgó el caso, Ángel Irusta, leyó las condenas en la ciudad de Sucre (centro-sur), sede del Poder Judicial, tras seis días de debate con otros magistrados que definieron las penas contra los acusados.
El veredicto determinó que los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera deberán cumplir 15 años y seis meses de prisión, mientras el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años.
En tanto, el general Gonzalo Alberto Rocabado recibió 10 años de condena y los ex ministros de Desarrollo Sostenible, Erik Reyes Villa; y de Trabajo, Adalberto Kuajara; que tuvieron estos cargos durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) fueron condenados a tres años de prisión.
El juez explicó que en el caso de los exjefes militares se sentenció por el delito "de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta" , en tanto, a los políticos se les acusó de complicidad en el mismo crimen.
La corte también determinó que todos los acusados deberán cumplir sus penas en el penal de Sucre, a la que fueron conducidos tras la lectura de las sentencias.
“Se hizo historia”
Luego de conocerse el veredicto, uno de los abogados acusadores, Milton Mendoza, declaró que "se ha hecho historia", en la justicia boliviana.
En esta misma línea, Freddy Avalos, abogado de las víctimas de la represión militar a esa rebelión popular que arrojó al menos 500 heridos, dijo que "se sentó precedente y en un gobierno constitucional se hizo justicia".
Por este caso, el presidente boliviano, Evo Morales, fue el primero que presentó una acusación en 2003 -cuando todavía era diputado- en contra de los responsables de la masacre.
Como argumento para el veredicto, la Fiscalía General entregó 328 testimonios y unas cuatro mil 900 pruebas contra el ex mandatario y sus ministros que están acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y delitos económicos.
La víctima menor de esa masacre fue el niño Alex Llusco Mollericonam, quien tenía sólo cinco años cuando el 11 de octubre recibió un balazo en la cabeza al asomarse a la azotea de su casa para curiosear las protestas en la calle. El infante murió en brazos de su madre, cuyo testimonio fue entregado a los jueces.
Días antes de este crimen había sido asesinada la niña Marlene Nancy Rojas, de 8 años, quien murió dentro de su casa por una bala que le atravesó el pecho en un poblado rural.
Estos disturbios sociales estallaron en oposición a un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile; por estos hechos Sánchez de Lozada, entregó el mando en octubre de 2003 a su vicepresidente, Carlos Mesa, y luego huyó a Estados Unidos.
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