Artículo de opinión El Estado venezolano debe poseer y operar un único banco, eficaz y eficiente. Por José Gregorio Piña

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Óptica Socialista

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Por: José Gregorio Piña T.

Retomamos este asunto, que venimos argumentando y defendiendo desde hace ya quince años, tanto en nuestro desempeño profesional como en artículos y declaraciones.[1] Y lo retomamos porque está de nuevo en el tapete, con propuestas contrarias: que por lo visto, todo ministerio, sector, gremio y colectivo que se precie, quiere tener “su” banco, y ¡Olé!.

Tales planteamientos ya lograron abortar una decisión del Ejecutivo Nacional para, al menos, fusionar algunos bancos estatales existentes, más otros “gremiales” o “etarios” que se proponen, en el Banco Bicentenario.

Ahora, al 24-01-18, surge otra propuesta, sobre la creación del “Banco de los Transportistas”, elevada desde el gremio correspondiente, y que el Presidente Nicolás Maduro aprueba de inmediato; tal vez llevado por su amor por la digna profesión que una vez ejerció como medio de vida.

De entrada, debemos decir que consideramos muy loables los fines y objetivos que se plantean para el eventual nuevo banco del Estado. Pero surgen las siguientes interrogantes: ¿otras profesiones tan dignas como la citada, “merecen” también “su” banco: ¿Banco de los Educadores y Educadoras, Banco de los Pescadores y de las Pescadoras, Banco de los Herreros, Plomeros y Carpinteros (dicho sin ánimo de sorna), Banco de los y las Profesionales de la Cocina, y así con muchas otras ocupaciones laborales?

Igualmente, como ya ha sido planteado en años pasados, ¿los y las jóvenes volverán a pedir “su” Banco de la Juventud? Y ¿replicarán desde el extremo contrario, pidiendo el Banco de la Tercera Edad? ¿Y el Banco para la Diversidad Funcional? (nos gusta este  término más que el de “discapacidad”).

Y, sinceramente, ¿por qué los bancos del Estado que existen, especialmente los bancos universales, no pueden atender las necesidades operativas y de financiamiento de los y las transportistas; o las de cualquier otro grupo laboral, si para ello se supone que existen? ¿Qué hace pensar que un nuevo banco, que nacerá con muy pocas agencias, sí podrá hacerlo de mejor manera?

No, no nos burlamos, no es asunto de chiste; es algo muy serio, que estimamos debe ser debatido y analizado a profundidad, por las obligatorias eficacia y eficiencia que debe alcanzar un Estado de cualquier signo político y, más aún, un estado en vías al Socialismo. Dichas cualidades: eficacia (logro de los objetivos) y eficiencia (mayor rendimiento, en términos colectivos, de los recursos) son de mayor urgencia en un Estado que maneja los fondos de toda la Sociedad y que busca alcanzar el mayor beneficio para el colectivo, como bien preconizó siempre Ernesto Che Guevara, y fue el reconocimiento y el mandato de nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez, luego de su postrer triunfo electoral en vida: Eficacia y eficiencia.

Sobre las tesis del Che acerca de la eficiencia (socialmente vista) y la eficacia, invitamos a leer la obra “Rumbo al Socialismo” del camarada y amigo Orlando Borrego Díaz, compañero del Che en la sierra y en los distintos destinos de gestión económica que desempeñó en la Revolución Cubana.

Con el poquito de formación de nuestros estudios y la experiencia que nos dan los 46 años de experiencia relevante en las áreas bancaria y financiera, tanto en la banca privada como en la pública, incluyendo el BCV; ámbitos en los cuales desempeñamos cargos de alto nivel técnico; sostenemos que NO es eficaz ni mucho menos eficiente que ningún dueño de bancos, mucho menos el Estado venezolano, mantenga diversos bancos, ninguno de los cuales es lo eficaz y  eficiente que debe y pudiere ser ; y que no se justifican para un fin que puede y debe hacer mejor un único banco público.

Cabe agregar que los bancos del Estado venezolano no comparten relaciones operativas o de gestión entre sí, comportándose entre ellos de la misma manera que con el resto de los bancos, o cómo se comporta cada banco privado en relación con el resto de los mismos.

Afortunadamente, nuestra ley en materia bancaria contempla desde hace años la figura del “banco universal”, ente que, como su nombre lo indica, puede ejecutar todas las actividades del ramo, lo que antes legalmente no se podía. Esto sin embargo no fue impedimento para que participáramos a comienzos de los años 80 del pasado siglo, en la exitosa fusión operativa de los diversos bancos especializados que conformaban el para ese entonces mayor grupo bancario privado.

Luego, hace 15 años, un ministro de Finanzas nos consultó sobre qué era un Banco del Tesoro, a lo que le contestamos que era un concepto ya superado, de hace al menos un siglo, y que era un banco exclusivo para recaudar los recursos fiscales y realizar los pagos del Estado, cosa que en Venezuela durante décadas hizo un banco privado; pero que ya en pleno siglo XXI no se justifica.

Yendo a una comparación necesaria con un Estado muy cercano a Venezuela, como lo es Brasil; le dijimos a ese Ministro de Finanzas que O Banco do Brasil es el único banco público que mantiene el Estado brasileño, que realiza todas las operaciones bancarias posibles.

Visto en cifras, O Banco do Brasil, como único banco público de ese país, maneja depósitos totales del Estado y del público en general, incluyendo operaciones de mercado abierto, por más de US$ 400 mil millones. Y mantiene una cartera de créditos, incluidos los inmobiliarios, por más de US$ 300 mil millones, para una envidiable intermediación financiera del 80%. Todo ello a través de unas 6.000 agencias directas y 20 mil centros operativos delegados en comercios, más de  26 mil centros de atención al público, para un total de  casi 70 millones de clientes.

Queda entendido que el porcentaje mínimo deseable de intermediación de un banco del Estado venezolano lo estimamos en 65%, al menos el doble del índice actual de cualquier banco venezolano, estatal o privado. Por lo que cabe preguntarse ¿No deberíamos desarrollar al óptimo la capacidad crediticia no empleada de los bancos estatales existentes; antes que proponer crear nuevos bancos para que eventualmente concedan los créditos que no han gestionado o atendido los bancos que hay?

En cuanto al tamaño mínimo deseable, hecha la comparación, en el caso venezolano un único banco público no será plenamente eficaz ni eficiente sin tener al menos 4 mil agencias de atención al público (sumadas hoy las agencias de los bancos del Estado, apenas son 1.130). Y no menos de 12 mil cajeros automáticos (sumados hoy los cajeros automáticos de los bancos del Estado, apenas son 2.428). Cifras unificadas que sólo se podrán alcanzar si se comienza por fusionar todos los bancos públicos hoy existentes, todos, y se desiste de seguir creando otros.

El déficit arriba registrado se acentúa si tomamos en cuenta que hablamos de la suma de todas las agencias y cajeros automáticos; pero ya explicamos que las agencias y cajeros automáticos de cada banco trabajan de manera inconexa con respecto a las agencias y cajeros del resto de bancos.

Aclaramos que la banca privada tampoco alcanza los niveles de eficiencia y eficacia que planteamos, sin entrar a detallar, por no ser el propósito del presente análisis, otros aspectos negativos de las operaciones de dicho sector.

Hablando sin tapujos, lo primero que hace alguien que tiene un banco al adquirir otro, es fusionarlos lo más pronto posible. Que el Estado tenga muchos bancos ineficaces e ineficientes (unos más que otros; pero todos insuficientes, aún considerados como el conjunto que NO son) bajo la falsa premisa de que cada uno es para un propósito o un sector específico de la población, además de ser irreal e indeseable, es tan poco perspicaz y antieconómico como que alguien tenga un automóvil sólo para llevar a sus hijos al colegio, otro sólo para luego trasladarse al trabajo, otro exclusivamente para ir de compras, otro sólo para pasear y así sucesivamente; esa es la realidad.

De hecho, ninguno de los bancos del Estado venezolano cuyo nombre alude a una hipotético propósito sectorizado o especializado, en la práctica se dedica sólo a ese sector o actividad única; limitación que los haría todavía menos eficientes. En la práctica, cada uno de esos bancos terminan haciendo lo mismo que el resto, pero con menos eficacia y menos eficiencia de lo que lo haría un robusto único banco del Estado.

En el detalle de nuestros artículos citados al comienzo de este escrito; explicamos que cada banco necesariamente tiene que tener un extensa área de apoyo necesaria, pero que no es atinente a las operaciones bancarias. Y esa área de apoyo tiene que ser mayor, por distintas leyes, en los bancos del Estado. Y necesariamente dicha área de apoyo es proporcionalmente mayor en los bancos pequeños, como tiene que ser todos banco nuevo. Y fijémonos en que el ahora Banco de Venezuela, antes privado y adquirido por el Estado en el año 2009, en casi 130 años de existencia apenas tiene  421 agencias; pero, proporcionalmente, tiene alrededor de cuatro veces la carga operativa que el también estatal Banco Bicentenario, lo que evidencia desequilibrios en la asignación de recursos, vista la globalidad de la banca del Estado.

Es claro que cada banco del Estado, si es pequeño, y todos lo son para las necesidades del propio Estado y del público en general, trata de crecer, proceso que es muy lento y bastante costoso. Y extremadamente ineficiente porque cada banco público pone en funcionamiento las nuevas agencias en las mismas ubicaciones geográficas del resto de los bancos públicos, con el agravante de que cada uno funciona de manera autónoma e inconexa; y todos terminan “compitiendo” contra los intereses de su propio dueño; la sociedad en pleno, que los posee a través del Estado. Bastante hemos presenciado agencias bancarias contiguas de dos o más bancos del Estado, alguna de ellas que no se da abasto para atender a sus clientes, y la(s) otra(s) con escaso público.

También pronosticamos, y así ocurrió, que la creación por cuarta vez en la historia de Venezuela, de una banco público preferencialmente agrícola, sólo lograría canibalizar (tragar, absorber) la excelente cartera agrícola que para ese entonces todavía mantenía el extinto Banfoandes, el cual hubo de ser disuelto.

Lo propio ocurre con los llamados bancos “especializados” y los microfinancieros, incluyendo al Banco de la Mujer, cuyo también loable propósito tampoco objetamos, pero es un hecho de que esos bancos al no poder recibir depósitos del público quedan dependientes de un insuficiente aporte presupuestario, lo que les impide crecer, y dado que tienen que dar condiciones crediticias especiales en tasa y plazo, tienden a ser crónicamente poco eficaces e ineficientes y a ser deficitarios en sus resultados.

Al respecto, lo primero que se obvia es que  en el sector bancario, como en muchos otros, opera la economía de escala, ya que mayores volúmenes de operaciones no conllevan un crecimiento en la misma proporción en los procesos sustantivos y mucho menos en los procesos de apoyo, los cuales son redundantes si se tienen varios bancos de menor tamaño.

Además, en la masa de recursos que maneje un banco público único; el mismo podrá destinar una suma mayor, proveniente del público, para la atención de los créditos y microcréditos especializados, incluidos los créditos a la mujer, a los trabajadores, a los jóvenes, al primer empleo, a la vivienda, a los transportistas, etc.; con recursos provenientes de sus clientes y no del presupuesto del Estado, y con mucha mayor eficacia, y lo más importante, con tasas preferenciales que se cubrirán no con cargo al presupuesto del Estado; sino con lo devengado por el resto de los créditos industriales, comerciales y de consumo concedidos a tasas regulares; es lo que se denomina “subsidio cruzado”, donde un sector de la población sufraga los costos de atender a otro sector más necesitado.

Adicionalmente, la tecnología de información de hoy posibilita el adecuado control de bancos de gran tamaño, y al tener el Estado un solo banco donde, por ley, mantenga todos sus fondos, sean de la naturaleza que sean, se gana en control también de la Tesorería Nacional, la cual pasaría a ser, de hecho, la tesorería del banco público único.

Está otro punto relativo a este asunto, y es lo que algunos plantean como la estatización de la banca en su totalidad. Esa estatización, en nuestro concepto no debe ser compulsiva, salvo para los depósitos de los órganos y entes del Estado, cuya tercera parte está hoy todavía en bancos privados. Los depósitos de los particulares serían captados en sana competencia por un único banco público, como proponemos, si ese banco tiene el mayor número de agencias ubicadas en todo el territorio nacional, cuenta con tecnología de punta y que funcione sin fallas, ofrece todos los servicios bancarios bajo una plataforma uniforme y presta una atención esmerada al público en general y, como incentivo adicional, tiene la garantía implícita de ser un banco gestionado por el Estado.
Tales cualidades no son mucho pedir; apenas constituyen lo mínimo para una entidad bancaria pública. Aunado a ello, ese banco único debe conceder créditos en cuantía suficiente a tasas menores a la competencia privada, ya que la eficiencia garantizada por su economía de escala y el hecho de que su fin no sería maximizar la ganancia del accionista, sino apoyar las política públicas del Estado, le permitirían tener menores costos que los múltiples y poco eficientes bancos públicos hoy existentes y tener una gestión con saldo positivo, sin utilidades excesivas, pero tampoco con pérdidas crónicas, o que sus “utilidades” provengan de intereses cancelados por otros entes del Estado, es decir, que no haya utilidad neta real.

Bajo tales condiciones, el banco público único lograría la estatización de la mayoría de los depósitos de los particulares, simplemente porque esos depósitos migrarían al nuevo banco por voluntad de los mismos depositantes. Además, dado el tamaño del banco propuesto, que deberá proponerse como meta manejar al menos el 50% del total de depósitos del país (si la fusión se hace ya, con todos los bancos públicos venezolanos hoy existentes, se alcanzaría el 35%), las tasas activas y pasivas más favorables que fije se convertirían en las tasas marcadoras del mercado, se impondrían a la competencia.

Todo lo que arriba detallamos sobre la eficacia y la eficiencia no es una mera opinión nuestra. El propio Ejecutivo Nacional, a través de de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), ente legalmente competente para ello, sostuvo en la G.O. 39.325 del 10-12-09, que las fusiones bancarias “implican el reforzamiento patrimonial y operacional de las instituciones financieras”: “las instituciones bancarias con una mayor estructura patrimonial, detentan implícitamente mejor potencial operacional”; “las fusiones de instituciones financieras deben materializar efectivos mecanismos que promueven mayor grado de eficiencia en el funcionamiento del Sistema Financiero, como por ejemplo la disminución de los gastos administrativos y de gestión (subrayado nuestro); “la fusión de entes financieros puede promover la mejoría en el nivel de atención a los usuarios y depositantes, al ampliar el rango de oficinas y puntos de atención”; y que  “las instituciones financieras que se originen por fusión de dos (2) o más entidades bancarias, pueden condicionar la ampliación de su cobertura patrimonial y mayor nivel de seguridad ante los riesgos originados en la actividad bancaria”.

Iguales consideraciones publicó SUDEBAN en la G. O. 39.329 del 16-12-09; cuando afirmó que con la fusión de varios bancos “ se potencia la red de ventas y la red de agencias con cobertura nacional, se contribuye al mejoramiento de los índices de capitalización, se solidifica el liderazgo en el segmento del mercado, se alcanzan ahorros importantes por sinergia en gastos de transformación, se consolidad la imagen en el mercado y se contribuye con la reducción del número de instituciones financieras, lo que fortalece el sistema al contar con entidades bancarias con mayor solidez y base patrimonial”.

Por el contrario, nuestra experiencia nos ha enseñado, y debemos decirlo, que entre los incentivos negativos entre algunos y algunas propulsores o defensores de la multiplicidad de bancos del Estado y que siguen proponiendo crear otros más, están el siempre presente tema de las comisiones por colocaciones, vicio de toda la vida (lo conocimos hace 44 años) y que no se acabará hasta que no haya un único Banco del Estado y por ley todos los fondos del Estado, de cualquier origen y destino, sólo puedan estar en ese único banco; el ego de todos los ejecutivos y las ejecutivas de cada banquito; la posibilidad de decidir “autónomamente” o con menos controles sobre las operaciones de cada banquito; la posibilidad (obligatoria, por lo demás) de nombrar a la gran cantidad de cargos ejecutivos y medios de cada banquito, sea cual sea el tamaño del mismo; la “automática” concesión de tarjetas de crédito para todo el personal, y la tan humana tendencia anti socialista a favor del grupalismo y el gremialismo.

Por cierto, la Junta Directiva del único banco del Estado, debería estar integrada por representantes de las distintas Vicepresidencias y de ministerios clave para el desarrollo económico y social y también representantes del Poder Comunal; y las decisiones sobre las operaciones deben, necesariamente, obedecer al Plan de la Patria, a los objetivos generales del Estado y la maximización de las sumas destinadas a las denominadas carteras dirigidas.

Notas:

[1] Al respecto, pueden ser consultados, entre otros, los siguientes escritos: “Chávez, ¿nacionalizar la banca? ;  “No, camarada; un solo banco, y sobra“ . Y “Presidente Chávez: una vez más, la Banca Pública”.

Por. José Gregorio Piña

Tomado de 15 y último