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El TSJ admitió la demanda de protección de intereses colectivos interpuesta por un grupo de transportistas contra el alcalde del municipio San Diego / La magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado pidió evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre transito.
Caracas, 12 de marzo de 2014.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de su Sala Constitucional admitió la demanda de protección de intereses colectivos interpuesta por un grupo de transportistas contra el alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Vicencio Scarano Spisso, y el Director general de la Policía Municipal de esa jurisdicción, Salvatore Lucchese Scaletta.
La magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, también acordó el amparo cautelar solicitado, por lo que se ordenó al alcalde Scarano realizar las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el contexto de la Constitución y la Ley, para evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las personas y vehículos.
El fallo del Alto Juzgado ordenó que se proceda a la inmediata remoción de los obstáculos y se mantengan las rutas y zonas adyacentes a éstas libres de basura, residuos y escombros que evite la obstrucción de las vías públicas de ese municipio.
La sentencia de la Magistrada-Presidenta también ordenó al Alcalde que "cumpla con su deber de ordenación del tránsito de vehículos y personas a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio".
Precisó la decisión que Vicencio Scarano gire las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, para dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
Los transportistas alegaron en el escrito presentado ante la Sala Constitucional, que el Alcalde del municipio San Diego ha omitido desplegar las acciones para prevenir desordenes públicos en ese Municipio, lo que ha generado que personas violentas cierren vías, con lo cual se vulneran sus derechos, entre ellos.
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